EDITORIAL /

La propuesta del gobierno de reducir nuevamente el financiamiento público a los partidos políticos dominicanos ha abierto un debate nacional que trasciende lo económico y penetra directamente en el corazón mismo del sistema democrático.

En momentos de tensión internacional, aumento del precio del petróleo y presiones sobre las finanzas públicas, resulta comprensible que el Estado procure mecanismos de racionalización del gasto. Sin embargo, pretender presentar como solución estructural el recorte a los recursos de los partidos políticos constituye, además de una medida insuficiente desde el punto de vista fiscal, una peligrosa señal institucional.

La propia Junta Central Electoral ha advertido que los montos actualmente consignados ya se encuentran por debajo de lo establecido en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral. Reducirlos aún más no solo afectaría la operatividad de las organizaciones políticas, sino que comprometería principios esenciales como la equidad electoral, la seguridad jurídica y la estabilidad democrática.

Resulta preocupante que, mientras se plantea disminuir los recursos destinados a los partidos, permanezcan intactas numerosas áreas del gasto estatal donde históricamente han existido privilegios, exenciones y desperdicios multimillonarios.

El problema fiscal dominicano no reside en el financiamiento de la democracia, sino en la ausencia de una reforma profunda del modelo de gasto público y de las prioridades nacionales.

Los partidos políticos no son simples maquinarias electorales. Son instrumentos constitucionales de representación, formación de liderazgo, articulación social y equilibrio institucional.

Debilitar financieramente a los partidos, especialmente en una democracia en desarrollo como la dominicana, puede abrir espacio a fenómenos mucho más peligrosos, como la dependencia de capitales privados opacos, la penetración de intereses ilegítimos y la desigualdad extrema entre quienes controlan el aparato estatal y quienes ejercen la oposición.

La experiencia latinoamericana demuestra que cuando el financiamiento público disminuye drásticamente, aumenta el riesgo de que sectores económicos, grupos de presión o incluso estructuras del crimen organizado intenten capturar la actividad política.

La democracia deja entonces de pertenecer al pueblo para convertirse en rehén de intereses particulares.

En ese contexto, las advertencias formuladas por dirigentes de oposición, entre ellos el expresidente Leonel Fernández y representantes de diversas fuerzas políticas, no deben ser despachadas como simples reacciones partidarias.

Lo que está en discusión no es únicamente una partida presupuestaria. El debate se ha reabierto, porque, simplemente el modelo de convivencia democrática que la República Dominicana desea preservar esta en juego y corre peligro.

Si realmente se procura austeridad, el país necesita revisar integralmente el gasto superfluo, la publicidad oficial excesiva, las duplicidades institucionales y los privilegios fiscales que benefician a sectores específicos sin generar retornos sociales proporcionales.

La democracia implica inversión. Pero mayor invesión tendremos que hacer si dejamos que sus enemigos logren debilitarla.

Y cuando las instituciones políticas se erosionan, el precio termina pagándolo toda la sociedad.

De ahi que, Teclalibre Multimedios resalta como oportuno y valido el articulo publicado este lunes por el expresidente Leonel Fernandez, que lo consolida como un importante activo nacional vigilante de la estabilidad democratica.