Nuevo varapalo judicial a las medidas contra la inmigración impuestas por la Administración de Donald Trump. La jueza de distrito Allison D. Burroughs de Massachusetts ha ordenado que se dé marcha atrás en la decisión de revocar el permiso temporal de residencia que obtuvieron cientos de miles de personas a través del programa de CBP One, implantado por el expresidente demócrata Joe Biden.
Más de 900.000 personas vieron el año pasado cómo de la noche a la mañana su permiso para permanecer en el país y trabajar legalmente mientras se gestionaban sus casos migratorios desaparecía y debían abandonar el país. Habían ingresado en Estados Unidos entre mayo de 2023 y enero de 2025 a través de la aplicación de citas CBP One y obtenido un permiso que solía durar dos años. En abril, recibieron un mensaje del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el que se les obligaba a marcharse inmediatamente. “Es hora de que abandone Estados Unidos”, decía el mensaje.
El fallo de la jueza federal Burroughs afecta a las personas que permanecieron en el país. No se sabe cuántas ya han sido deportadas o abandonaron Estados Unidos por cuenta propia. La Administración Trump sustituyó la aplicación CBP One por el CBP Home, un programa para autodeportarse.
Burroughs ordenó el martes que se devuelva el permiso de residencia que se les había otorgado. La magistrada argumentó que la ley, por norma general, exige que el Gobierno determine que un grupo específico al que se le ha concedido la libertad condicional temporal ya no necesita dicha asistencia antes de que esta pueda ser revocada. Burroughs concluyó que la Administración Trump había emitido la orden general a un gran número de personas sin justificación alguna para el abrupto cambio de rumbo.
“En otras palabras, la libertad condicional concluye únicamente si se ha cumplido la condición previa”, escribió. La jueza respondió así a una demanda colectiva presentada el año pasado por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y por inmigrantes afectados. Se espera que el Gobierno de Trump apele el fallo.
CBP One fue diseñado por la Administración Biden como una vía para que los migrantes llegaran al país de forma legal y ordenada en un momento en el que las entradas irregulares habían causado una crisis en la frontera y el Gobierno recibía duras críticas por no poder controlarlo. A finales de diciembre, 936.500 personas habían recibido autorización para entrar con citas de CBP One en los cruces fronterizos con México. El permiso que recibían era temporal, generalmente de dos años, pero abría la puerta para que, una vez en Estados Unidos, los beneficiados pudieran optar por otra vía para quedarse.
En el primer día de su vuelta a la Casa Blanca, entre el aluvión de decretos ejecutivos contra la inmigración que firmó el presidente, se eliminó la aplicación y se cancelaron todas las citas que ya se habían agendado, dejando a miles de personas listas para ingresar en Estados Unidos varadas en México.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, declaró en un comunicado que el fallo “constituye un claro rechazo a una Administración que ha intentado borrar el estatus legal de cientos de miles de personas con el clic de un botón”. Democracy Forward y Massachusetts Law Reform Institute representan a migrantes de Venezuela, Cuba y Haití a quienes se les otorgó la libertad condicional tras haber ingresado a través de la aplicación CBP One. También representan a la Asociación Venezolana de Massachusetts, un grupo de defensa.
Los abogados que llevan la demanda señalaron que, a partir de abril de 2025, los demandantes comenzaron a recibir correos electrónicos masivos que “no estaban dirigidos a ningún destinatario específico, no estaban firmados por ningún funcionario gubernamental y no ofrecían explicación alguna sobre la terminación”.
El correo electrónico indicaba que, si los beneficiarios del permiso humanitario no abandonaban el país “inmediatamente”, quedarían “sujetos a posibles acciones de las autoridades que darían lugar a su expulsión de los Estados Unidos, a menos que hubieran obtenido, por otra vía, un fundamento legal para permanecer aquí”, según consta en la demanda.
La orden emitida por la jueza “aporta un alivio largamente esperado tras meses de temor e incertidumbre” para muchas familias venezolanas, declaró en un comunicado Carlina Velásquez, presidenta de la Asociación Venezolana de Massachusetts. “Se trata de personas que cumplieron con cada uno de los pasos que se les exigían, confiaron en el sistema y construyeron sus vidas aquí, solo para que se les dijera que debían dejarlo todo atrás”.
