MILTON RAY GUEVARA ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE UN DESCALABRO EN EL PODER JUDICIAL Y RECONOCE AVANCES DEL CÓDIGO PENAL
SANTO DOMINGO.— El presidente emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, advirtió sobre las «consecuencias terribles» que enfrentaría la República Dominicana en caso de un descalabro del Poder Judicial, por lo que instó a liderar una profunda ola de reformas en el sistema de justicia.
Entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, el jurista subrayó la necesidad de seleccionar a un profesional proveniente de la vida civil para presidir la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Poder Judicial, destacando que el perfil ideal requiere capacidad gerencial, liderazgo, ética y aptitud para el diálogo.
A favor de un jurista civil en la SCJ Ray Guevara calificó como una falacia la exigencia de que el titular de la Suprema Corte deba ser obligatoriamente un juez de carrera. Como referencia, citó el sistema judicial de los Estados Unidos, donde 9 de sus 17 presidentes de la Corte Suprema no provinieron de la carrera judicial, incluyendo figuras históricas como John Marshall y un expresidente de la nación norteamericana.
En ese sentido, sugirió considerar profesionales del ejercicio privado con solvencia moral y capacidad organizativa, mencionando como ejemplo al abogado Fernando Langa, a quien defendió frente a los cuestionamientos por sus vinculaciones laborales previas, recordando que «la responsabilidad penal y administrativa es personal».
Desacato de sentencias y Estado de derecho El expresidente del TC advirtió además que el incumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las instituciones estatales atenta contra el Estado de Derecho. Señaló que cuando una administración desacata un mandato judicial, incurre en una conducta que degrada la institucionalidad pública a la categoría de «Estado delincuente».
Respaldo al nuevo Código Penal Por otro lado, Ray Guevara definió la promulgación e implementación del nuevo Código Penal como «la mejor obra de gobierno» del presidente Luis Abinader. Indicó que esta normativa era una demanda pendiente desde hace más de 30 años para combatir la delincuencia moderna y preservar el orden público, garantizando que el 70 % de su contenido mantiene la tradición jurídica de orientación francesa.
