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Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía de Perú investigar a los altos mandos militares y policiales por las muertes en las protestas antigubernamentales que hubo entre finales de 2022 e inicios de 2023 y apuntó, en su informe, a una posible responsabilidad del Gobierno de la mandataria Dina Boluarte en la actuación represiva.
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