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AMPLIAN ESTADO DE EXCEPCION CONTRA DELINCUENCIA EN EL SALVADOR

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Ahora el estado de excepción viene acompañado de nuevos delitos asociados a encubridores y víctimas de extorsión.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles por amplia mayoría la novena prórroga al régimen de excepción vigente en ese país desde el pasado 27 de marzo, con la adición de dos nuevas figuras delictivas.

De acuerdo con los reportes de prensa, la solicitud de restricción temporal de las garantías constitucionales fue aprobada con 67 votos a favor, seis en contra y nueve abstenciones, a pesar de las fuertes críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos.

El presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, declaró que la medida será extendida “las veces que sea necesario” para librar una guerra contra las pandillas que hasta el momento ha producido más de 60.000 detenidos, según estadísticas oficiales.

Por otra parte, fuentes de seguridad aclaran que unas 2.100 personas han sido liberadas por no habérsele comprobado relación con las maras o pandillas.

Funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) informaron a la prensa que se establecerán mesas temáticas para la resolución de controversias con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), debido a la emisión de 4.071 denuncias por presuntas violaciones de derechos durante el régimen de excepción.

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, indicó que en la votación estaban incluidas dos nuevas figuras delictivas para penalizar a familiares que encubren la extorsión y castigar con la cárcel a ciertas víctimas.

El funcionario explicó que en primer lugar se faculta al Estado a procesar a familiares encubridores independientemente de las relaciones de afinidad o consanguinidad que tengan con los extorsionadores.

“Adicional, se incorpora el delito de financiamiento ilegal de organizaciones criminales, donde se prohíbe y se sanciona penalmente de cinco a ocho años a aquellas empresas, directivos, representantes legales, catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador, a pagar extorsión a ninguna estructura criminal”, agregó.

“Ya no es tiempo que ninguna empresa esté financiando a estos grupos”, aseveró Villatoro.

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