InicioIBEROAMERICAbananera Chiquita Brands, condenada a pagar millonaria indemnización a víctimas de paramilitares

bananera Chiquita Brands, condenada a pagar millonaria indemnización a víctimas de paramilitares

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Familias víctimas de la violencia paramilitar en Colombia obtuvieron una victoria contra la multinacional bananera Chiquita Brands International, que hace unos años aceptó haber pagado a grupos paramilitares en Colombia. Un tribunal federal estadounidense de Florida anunció el fallo el lunes 10 de junio. 

La empresa Chiquita Brands International en 2007 admitió haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización que fue designada como terrorista por Estados Unidos y conocida por sus abusos contra los derechos humanos denunciados por varias ONG.

Y ahora deberá pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a familiares de víctimas. Así lo definió el jurado estadounidense para darle fin a un litigio que arrancó por demandas civiles iniciadas por nueve víctimas en el año en el que la empresa hizo la confesión. El juez acaba de fallar a favor de ocho de ellas.

En una corte de West Palm Beach, tras más de una década de litigios, el dictamen del juicio civil señala que Chiquita – una multinacional bananera consolidada en Estados Unidos en 1899 bajo el nombre de United Fruit Company- no demostró que «la asistencia que brindó» al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una «amenaza ilegal, inmediata e inminente» por parte de este grupo terrorista.

Tampoco se comprobó que «no tenía otra alternativa razonable» más que la de «proporcionar asistencia a las AUC», según consta en el veredicto, que además señala que esta ayuda a los paramilitares constituyó «una actividad peligrosa» que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad.

Esto luego de que el juez Kenneth Marra y 10 jurados escucharon las versiones de los campesinos, de la empresa y de algunos exjefes de las AUC como Salvatore Mancuso.

Los demandantes son familiares de las víctimas de la violencia, especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia), entre los que se encuentran maridos e hijos que fueron objetivos de asesinatos por las AUC, según sus abogados.

Agnieszka Fryszman, una de las abogadas que llevan el caso, declaró:

Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para pedir cuentas a Chiquita, depositando su fe en el sistema judicial de Estados Unidos

La reparación económica estaría entre  2 y 2,7 millones de dólares por víctima. Algunos de los demandantes son Víctor Palencia Gómez, padre de Carlos Arturo Palencia Sibaja, quien percibirá 2,4 millones de dólares de indemnización; o Janeth Rivera Vargas y Nini Johana Molina Rivera, esposa e hija, respectivamente, de Albeiro Antonio Molina Román, quienes recibirán una indemnización de 2,1 millones de dólares, cada una.

Antecedentes de un proceso de casi dos décadas

Chiquita Brands International cerró sus operaciones en Colombia en 2004 y, tres años después, en una corte de Nueva York, admitió que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares.

La empresa aseguró que lo hizo como víctima de extorsión, entre 1997 y 2004, para así proteger a sus empleados.

Las AUC fueron designadas en 2001 como una organización terrorista extranjera en Estados Unidos, esa designación convirtió ese apoyo en un delito federal, pese a que en 2014 fueron retiradas de la lista de terrorismo por la misma nación del norte de América.

Aunque algunos familiares, cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió, presentaron demandas contra Chiquita, la empresa no los había indemnizado, pues en 2007 llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares, que no estaba destinada a las víctimas.

Más de 7.000 personas han interpuesto acciones legales respecto de Chiquita y su relación con grupos paramilitares en la subregión del Urabá antioqueño y Magdalena Medio, según explicó Earth Rights Internacional a el diario El país. 

Los familiares de las víctimas sostenían que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio y no a los trabajadores.

Esta vez, los demandantes alegaron que Chiquita pagó a las AUC casi 2 millones de dólares a pesar de saber que el grupo estaba implicado en un reino del terror.

El jurado aceptó ese argumento probando que el dinero transferido a los paramilitares se utilizó para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.  

Las AUC, ayudadas en ocasiones por miembros de las fuerzas armadas, sembraron el terror desde finales de la década de los noventa, como parte de una encarnizada guerra contra las guerrillas colombianas de extrema izquierda.

El grupo se desmovilizó entre 2003 y 2006, confesó sus crímenes y aceptó indemnizar a las víctimas.

Marco Simons, consejero general de EarthRights International, dijo en un comunicado:

Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial

EarthRights International es uno de los grupos que presentaron, hace 17 años, en la Corte Federal de Nueva Jersey, la primera demanda contra Chiquita Brands, acusando a esa empresa de haber apoyado económicamente a ese grupo de paramilitares en Colombia.

«Este fallo histórico marca la primera vez que un jurado estadounidense considera responsable a una importante corporación estadounidense por complicidad en graves abusos contra los derechos humanos en otro país, un hito para la justicia», hizo hincapié EarthRights International.

La izquierda colombiana celebra

Luego de darse a conocer el fallo, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, consideró en la red social X que «esta condena es una reivindicación para las víctimas de la multinacional».


También el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, manifestó que, si bien este fallo es importante, aún falta «que la justicia colombiana proceda y condene a las empresas que eran filiales de Chiquita».

Por su parte, Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del departamento caribeño de Magdalena, donde también hay grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo del banano, expresó en la red social X que «El apoyo de esos empresarios, con más de 1,7 millones de dólares, les permitió a los paramilitares aumentar su presencia en el Magdalena y el Urabá, donde asediaron a las comunidades y dejaron en varias zonas un modelo de producción proclive al narcotráfico»


Con EFE y AFP



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