El Congreso brasileño aprobó una controvertida ley de licencias ambientales por 267 votos a favor y 116 en contra, lo que generó preocupación entre los ambientalistas y críticas de funcionarios gubernamentales y observadores internacionales. La ley flexibiliza significativamente los requisitos de las licencias ambientales, permitiendo que los proyectos avancen con una supervisión mínima mediante la autoevaluación, lo que, según los críticos, podría provocar una grave degradación ambiental.
