En las últimas semanas, China ha ejecutado a cuatro ciudadanos canadienses, todos con doble nacionalidad chino-canadiense, a pesar de las reiteradas peticiones de clemencia por parte del gobierno de Canadá.
Según declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, las ejecuciones se llevaron a cabo por cargos relacionados con delitos de narcotráfico. Ottawa había solicitado insistentemente lenidad, tanto a nivel diplomático como a través de intervenciones de alto nivel, incluyendo al ex primer ministro Justin Trudeau. Sin embargo, las autoridades chinas hicieron caso omiso de estas súplicas, defendiendo su decisión como un acto «conforme a la ley» y subrayando su política de tolerancia cero frente a los crímenes relacionados con drogas.
El gobierno canadiense ha condenado enérgicamente estas ejecuciones, calificándolas de «crueles e inhumanas» y reafirmando su oposición absoluta a la pena de muerte en todos los casos y en cualquier lugar del mundo. Joly destacó que los cuatro ejecutados eran ciudadanos con doble nacionalidad, aunque China no reconoce este estatus y los trató exclusivamente como ciudadanos chinos bajo su jurisdicción. Las familias de las víctimas han pedido privacidad, y el gobierno canadiense ha respetado esta solicitud al no divulgar sus identidades.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China y su embajada en Ottawa han respondido a las críticas instando a Canadá a «respetar la soberanía judicial» del país asiático y a no interferir en sus asuntos internos. Beijing ha argumentado que las pruebas contra los acusados eran «sólidas y suficientes» y que combatir el narcotráfico es una responsabilidad compartida por todas las naciones.
Esta postura refleja la línea dura de China en materia de drogas, un país que, según estimaciones, realiza más ejecuciones anuales que el resto del mundo combinado, aunque las cifras exactas no se hacen públicas.
Este incidente se suma a las tensiones ya existentes entre China y Canadá, que han ido en aumento en los últimos años debido a diversos conflictos, como el arresto en 2018 de una ejecutiva de Huawei en Vancouver, la detención de ciudadanos canadienses en China por cargos de espionaje y las críticas de Ottawa a las políticas chinas en Hong Kong y hacia la minoría uigur. Las recientes ejecuciones podrían agravar aún más esta relación, especialmente en un momento en que Canadá enfrenta presiones internas para adoptar una postura más firme frente a Beijing, con elecciones anticipadas en el horizonte.
Este caso pone de manifiesto el choque entre sistemas legales y valores fundamentales de dos naciones. Por un lado, Canadá, que abolió la pena de muerte en 1976 y la considera una violación de los derechos humanos, busca proteger a sus ciudadanos en el extranjero, incluso a aquellos con doble nacionalidad. Por otro lado, China defiende su soberanía y su enfoque draconiano hacia el narcotráfico como una necesidad para mantener el orden interno, sin ceder ante presiones externas. La negativa de China a reconocer la doble ciudadanía complica aún más la situación, dejando a Canadá con pocas herramientas diplomáticas efectivas.
Las ejecuciones también plantean preguntas sobre la justicia y la proporcionalidad en el sistema penal chino, donde la tasa de condenas supera el 99% y las apelaciones rara vez prosperan. Para muchos en Occidente, esto refuerza la percepción de un sistema opaco y autoritario. Sin embargo, desde la perspectiva china, estas medidas son un mensaje claro tanto a nivel doméstico como internacional: no hay tolerancia para el crimen organizado, independientemente de la nacionalidad de los implicados.
En el contexto bilateral, este episodio podría ser un punto de inflexión. Canadá enfrenta un dilema: endurecer su postura hacia China, arriesgándose a represalias económicas (como los aranceles ya impuestos por Beijing a productos canadienses), o buscar una solución diplomática que probablemente será ignorada. Mientras tanto, la suerte de otros canadienses en situaciones similares, como Robert Schellenberg, quien también enfrenta la pena de muerte por cargos de narcotráfico, sigue siendo incierta, lo que añade urgencia a la necesidad de una estrategia efectiva por parte de Ottawa.
LRS
