SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en una única lectura el contrato de concesión que firmó el gobierno con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) para extender el vínculo de administración de siete aeropuertos en territorio nacional.
En sólo 15 días la Cámara de Diputados consiguió estudiar y aprobar un contrato de más de 700 páginas, margen que fue criticado por la oposición debido a la falta de espacios adecuados para leerlo y revisar todo su contenido.
El presidente de la Cámara de Diputados había dispuesto conocer el contrato en la sesión de trabajo de la mañana de este martes, pero debido a la falta cuórum, volvió a convocar para las 3:00 de la tarde.
Alfredo Pacheco realizó tres votaciones fallidas para iniciar el conocimiento de la iniciativa en el turno de la mañana, pero por la falta de votos cerró y convocó nuevamente para la tarde.
Ya en horario vespertino, Pacheco contó con los diputados suficientes para proceder con el conocimiento del contrato, que fue ampliamente debatido por más de tres horas.
Los diputados de oposicion critican una falta de procedimiento que no habría tomado en cuenta Pacheco al momento de conocer el contrato, debido a que una parte del reglamento ordena un tiempo de al menos 24 horas para conocer un informe recién rendido por la comisión.
Dicen que el contrato permite embargar bienes públicos, que el monto negociado era menor al recomendado por una firma que evaluó el acuerdo y la disposición de renovar con una antelación de siete años antes de que terminar el vínculo.
Precisan que se trata de una “maniobra” del presidente Luis Abinader para conseguir fondos, previo a las elecciones del año 2024.
Sumado a las críticas, miembros de la oposición presentaron un informe disidente donde establecen que el contrato se debió haber elaborado previo a la realización de una licitación pública nacional e internacional, para “ponderar mayores y mejores ofertas” y de esta manera “obtener mejores condiciones y beneficios”.
También que las vistas públicas realizadas por la comisión no fueron tomadas en cuenta, sobre todo recomendaciones hechas para la revisión de aspectos que podían afectar el modelo legal y económico del contrato.
Asimismo, que en el contrato “el Estado está asumiendo todos los riesgos sin tener la misma consideración en el punto del equilibrio, para ambas partes, cuando los parámetros establecidos de flujo de pasajeros y de ingresos expresen un superávit, donde el Estado solo se podría beneficiar de un diez por ciento”. Este informe disidente fue rechazado, con sólo 41 votos favorables y 100 en contra.
