El 11 de marzo de 2025, el ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado en Manila tras llegar de un viaje a Hong Kong. La detención se llevó a cabo por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes contra la humanidad relacionados con su infame «guerra contra las drogas» durante su presidencia (2016-2022).
Horas después de su arresto, Duterte fue trasladado en un avión rumbo a La Haya, donde enfrentará un proceso judicial ante la CPI. Este evento marca un hito, ya que es el primer ex líder asiático en ser llevado a este tribunal bajo estas circunstancias.
El arresto de Duterte responde a una investigación de la CPI sobre las miles de muertes ocurridas durante su campaña antidrogas, que él mismo defendió sin remordimientos. Según datos oficiales de la policía filipina, al menos 6,000 personas murieron en operativos antidrogas, aunque grupos de derechos humanos estiman que la cifra real podría ascender a 30,000, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y asesinatos por vigilantes. La CPI alega que Duterte, tanto como presidente como previamente en su rol de alcalde de Davao, utilizó fuerzas policiales y grupos como el «Davao Death Squad» (Escuadrón de la Muerte de Davao) para llevar a cabo estas matanzas sistemáticas.
El gobierno del actual presidente Ferdinand Marcos Jr. inicialmente se mostró renuente a cooperar con la CPI, especialmente porque Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019 bajo el mandato de Duterte. Sin embargo, a finales de 2024, Marcos cambió su postura y anunció que acataría un eventual mandato de arresto internacional, lo que allanó el camino para la detención.
Duterte fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino por agentes de la Policía Nacional Filipina y el Grupo de Investigación y Detección Criminal, con apoyo de Interpol. En videos difundidos por su hija Veronica «Kitty» Duterte, se le escucha cuestionando la legalidad de su detención y exigiendo ser juzgado en Filipinas, argumentando que el país ya no es miembro de la CPI. A pesar de sus protestas, fue trasladado al Villamor Airbase y, posteriormente, embarcado en un vuelo chárter hacia La Haya esa misma noche, según confirmó Marcos en una conferencia de prensa.
La familia de Duterte, incluida su hija Sara Duterte, vicepresidenta del país, y su pareja Honeylet Avanceña, denunciaron el arresto como un acto de «opresión» y «persecución». Sus seguidores, que aún lo consideran una figura popular, han prometido protestas masivas, mientras que sus opositores y las familias de las víctimas celebraron el hecho como un paso hacia la justicia.
El arresto de Duterte podría significar el fin de su dinastía política, que ha dominado la escena filipina durante años. Analistas sugieren que Marcos utilizó esta acción como una jugada estratégica para debilitar a sus rivales políticos, especialmente a Sara Duterte, quien enfrenta un posible proceso de impeachment en el Senado. La decisión de Marcos de cooperar con la CPI también podría reflejar un intento de consolidar su poder y distanciarse de la controvertida herencia de Duterte.
La detención ha reavivado el debate sobre la jurisdicción de la CPI en Filipinas. Los partidarios de Duterte argumentan que es una violación de la soberanía nacional, dado que el país abandonó el tribunal. Por otro lado, defensores de derechos humanos ven esto como una victoria para el «orden basado en reglas» y un mensaje contra la impunidad de líderes autoritarios.
La captura de Duterte fortalece la relevancia de la CPI, que ha enfrentado críticas por su limitada capacidad para hacer cumplir sus mandatos, especialmente contra líderes de potencias como Estados Unidos o China, que no reconocen su autoridad. Este caso podría sentar un precedente para otros líderes acusados de abusos, aunque también ha generado reacciones mixtas: China, por ejemplo, advirtió contra la «politización» del tribunal.
Para las víctimas de la guerra contra las drogas, este es un momento de esperanza tras años de lucha por justicia. Sin embargo, la polarización en Filipinas persiste, ya que Duterte sigue contando con un respaldo significativo entre quienes valoran su mano dura contra el crimen.
El arresto y traslado de Rodrigo Duterte a La Haya no solo representan un ajuste de cuentas personal, sino también un punto de inflexión para Filipinas y la justicia internacional. Mientras el ex presidente se prepara para enfrentar cargos en un tribunal extranjero, el mundo observa si este caso logrará equilibrar la rendición de cuentas con las complejidades políticas y legales que lo rodean. Lo que ocurra en La Haya podría redefinir el legado de Duterte y el futuro de la lucha contra la impunidad a nivel global.
LRS
