QUITO (AP) — La actividad comercial parecía retornar lentamente a la normalidad mientras que las clases en las escuelas seguían a nivel virtual el lunes, casi una semana después del inicio del “conflicto armado interno” decretado por el gobierno para enfrentar la espiral de violencia generada por el crimen organizado.
En Quito, la capital del país andino y donde algunas empresas mantienen a sus empleados en teletrabajo, el tráfico se mantenía sin la aglomeración de vehículos, típica de un día laborable común, en medio de llamados de las autoridades a la ciudadanía a estar atentos ante cualquier eventualidad.
Hace una semana, el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción restringiendo algunos derechos como la libertad de reunión y movilización, junto a un toque de queda. Un día después declaró el estado de “conflicto armado interno” que faculta a las fuerzas armadas a enfrentar a las bandas criminales, vinculadas especialmente con el narcotráfico.
El general de policía Wilson Pavón, jefe del distrito metropolitano de Quito, en medio de un operativo al norte de la capital, dijo el lunes que durante la última semana se han registrado sólo en la capital 31 amenazas, de las cuales 17 fueron con la colocación de explosivos y las otras descartadas.
En declaraciones a la red de televisión Teleamazonas, el jefe policial convocó a la población a estar atenta ante personas o vehículos sospechosos que circulan en sus zonas.
“Ahora debemos andar bien atentos en todas partes, porque pueden atacar en cualquier lado y eso da miedo, porque tenemos familia e hijos pequeños”, dijo a The Associated Press el mensajero Juan Manosalvas. “Nuestro país ya no es como antes, ahora el miedo parece que está en todas partes y a todas horas”.
El gobierno dijo que identificó a 22 bandas criminales, a las que tachó de “terroristas”, y aseguró que desde que se tomaron las medidas de emergencia la semana pasada cientos de sus integrantes han sido capturados, especialmente con armas de grueso calibre y explosivos. La justicia ecuatoriana castiga el delito de terrorismo con penas de entre 10 y 13 años de prisión.
El fin de semana, 169 funcionarios penitenciarios que permanecían retenidos en siete cárceles del Ecuador fueron liberados en su totalidad, confirmó el presidente Noboa. Uno de los agentes falleció en una prisión del sur del país.
La oleada de violencia se intensificó hace una semana tras la desaparición de una cárcel de Guayaquil, del capo del narcotráfico, Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, con vinculación al cartel mexicano de Sinaloa. Un día más tarde se fugó otro jefe regional de la banda Los Lobos, Fabricio Colón Pico. Ninguno ha sido localizado.
De acuerdo con el más reciente balance de las autorides durante el estado de excepción al menos 1.327 personas han sido detenidos, 143 de ellos por presunto terrorismo, además, cinco miembros de las bandas han sido abatidos, aunque no se ha precisado si son parte de los 14 fallecidos reportados en la ciudad de Guayaquil.
Las autoridades también han informado que durante los últimos días se han decomisado 491 armas de fuego, 268 armas blancas, 10.241 municiones, 462 explosivos, 14 embarcaciones, entre otros artículos durante la ejecución de 12.974 operativos.
Autoridades ecuatorianas han reconocido que el sistema penitenciario es uno de los principales ejes de la crisis de inseguridad que enfrenta la nación. Desde 2021 más de una decena de masacres carcelarias entre bandas dejaron alrededor de 450 reos asesinados. Desde las prisiones se comandan todo tipo de delitos como asesinatos, sicariatos, extorsiones, y otros, según la versión oficial.