Carlos Marquez Cabrera /
Existe una profunda y lacerante grieta de injusticia en el corazón del sistema financiero de la República Dominicana.
Durante décadas, el discurso corporativo de la banca tradicional y los manuales de análisis de riesgo han justificado el desorbitado costo del crédito sobre la base de una supuesta prima de riesgo.
Bajo esta narrativa, las elevadas tasas de interés se presentan como un escudo necesario para proteger a las entidades crediticias del peligro de la morosidad e insolvencia de los deudores.
Sin embargo, cuando se confronta esta retórica con la frialdad de las estadísticas oficiales, la premisa se derrumba por su propio peso. Los datos de la macroeconomía desmienten categóricamente al sector financiero y exponen una verdad ineludible: el ciudadano dominicano es un pagador ejemplar, ético y profundamente comprometido con sus obligaciones.
Las cifras históricas del propio regulador, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, demuestran que el índice de morosidad de la cartera del sistema financiero nacional se mantiene en un envidiable y mínimo margen que oscila entre el 1.8% y el 2.1%.
En términos sencillos y contundentes, esta estadística confirma que más del 98% de la cartera de crédito total del país está al día y es cobrada puntualmente.
La tasa de incumplimiento en la República Dominicana no solo es extraordinariamente baja, sino que se sitúa muy por debajo de los promedios de América Latina y de economías desarrolladas.
El trabajador, el profesional, la ama de casa y el microempresario dominicano prefieren sacrificar su propio consumo antes que caer en el deshonor del crédito vencido.
Sin embargo, el premio que recibe la sociedad dominicana por esta impecable disciplina financiera no es el acceso a un crédito productivo y accesible, sino el sometimiento a un esquema de tasas de interés draconianas.
Mientras la tasa de morosidad es de apenas un 2%, las tasas de interés promedio para préstamos de consumo e industriales rondan cifras que superan con frecuencia el 18%, el 24% y hasta el 35% anual, sin contar el despropósito de las tarjetas de crédito, cuyos costos de financiamiento superan el 50% o 60% efectivo anual.
¿Cómo se explica que en un mercado donde prácticamente el 99% de los deudores paga a tiempo, el dinero sea uno de los más caros de la región?
La respuesta se encuentra en el abismal Margen de Intermediación Financiera —la diferencia entre la Tasa Pasiva que el banco le paga al ahorrante por depositar su dinero y la Tasa Activa que el banco le cobra al prestatario—.
O sea, mientras los ahorrantes dominicanos reciben rendimientos que en muchos casos ni siquiera compensan la inflación real, la banca aplica márgenes de ganancias desproporcionados para financiar sus gigantescos gastos operativos, imponentes torres corporativas y dividendos multimillonarios.
A esta distorsión se le suma un modelo regulatorio rígido.
Las exigencias de encaje legal aplicadas por el Banco Central e inmovilizadas en reservas obligan a los bancos a congelar miles de millones de pesos.
Pero en lugar de asumir ese costo como un riesgo de capital de trabajo, la banca traslada de inmediato el costo de esos fondos inactivos a la espalda del deudor puntual, inflando artificialmente las tasas de los préstamos hipotecarios y comerciales.
Por si fuera poco, la alta concentración del mercado agrava la situación.
Un reducido grupo de tres o cuatro bancos múltiples concentra más del 70% de todos los activos, depósitos y créditos de la República Dominicana.
Esta anómala estructura oligopólica sofoca la competencia real.
Al no existir una presión competitiva en la cima del sistema, las entidades no tienen ningún incentivo para reducir sus márgenes ni para transferir al cliente los beneficios de la baja morosidad nacional.
El resultado es un círculo vicioso de estrangulamiento económico.
Mientras los bancos múltiples reportan beneficios netos anuales que rompen récords históricos año tras año, la clase media y el aparato productivo de base se asfixian bajo el peso de comisiones abusivas y de un financiamiento inaccesible.
En esta patria dominicana se penaliza al buen pagador para financiar las ineficiencias, el exceso de burocracia y las astronómicas rentabilidades del sector financiero.
Es hora de abrir un debate nacional de fondo sobre el modelo de intermediación crediticia en nuestro país.
Garantizar tasas de interés justas, proporcionales al verdadero riesgo de un mercado donde más del 98% de la gente cumple a tiempo, no es una concesión graciosa ni un favor comercial de la banca; es un acto de estricta justicia económica y una condición indispensable para el desarrollo equitativo, la vivienda digna, la competitividad de nuestras empresas y la paz social de la nación dominicana.
