Carlos Márquez /
El ejercicio del poder político suele transitar por una delgada línea donde el discurso de las altas esferas internacionales no siempre sintoniza con el pragmatismo que se ejecuta en las provincias.
En su reciente intervención en Miami, al recibir el galardón «Champion of Freedom», el presidente Luis Abinader enarboló una bandera conceptual de hondo calado. Advirtió sobre el peligro de que las sociedades contemporáneas cedan de manera voluntaria sus libertades fundamentales a cambio de comodidad, confort o una falsa sensación de seguridad.
Con esas palabras, el mandatario proyectó a la República Dominicana como un faro de estabilidad democrática en una región históricamente convulsa. Sin embargo, cuando esa mirada global se contrasta con las realidades domésticas del financiamiento a las organizaciones políticas y las dinámicas de control territorial, el relato de la libertad comienza a mostrar fisuras preocupantes.
La primera gran contradicción se evidencia en el asedio económico al sistema de partidos. Bajo la sombrilla de la austeridad y la eficiencia fiscal, el Poder Ejecutivo ha promovido un nuevo recorte del 50% en los fondos que por ley corresponden a las agrupaciones políticas.
Si bien la reducción de los gastos de la partidocracia podría parecer una medida popular, en términos de salud institucional representa una asfixia directa al pluralismo. Una democracia equilibrada requiere de una oposición con capacidad técnica y operativa para contrapesar al oficialismo, el cual ya cuenta de por sí con la inercia, los recursos y la visibilidad que otorga la estructura del Estado.
Privar a las organizaciones políticas de su sustento legal, precisamente en momentos o, coyuntura de reorganización de fuerzas; debilita el principio de equidad y empuja al sistema a un escenario de vulnerabilidad, contradiciendo la premisa de fortalecer las instituciones democráticas que el propio mandatario defiende en los foros internacionales.
A este ahogamiento financiero se suma el denunciado factor de la coacción a ciudadanos, un elemento que choca de frente con la advertencia presidencial de no entregar las libertades por temor o conveniencia.
Las recientes denuncias formuladas por el expresidente Leonel Fernández, señalando que desde el gobierno se ejercieron presiones e intimidaciones para desincentivar la asistencia a los actos de juramentación organizados en Samaná por la Fuerza del Pueblo, éste fin de semana colocan bajo sospecha los métodos democráticos del oficialismo en el nivel local.
Si las estructuras del Estado en las provincias recurren a la disuasión —ya sea mediante el temor a perder ayudas sociales o el empleo— para frenar la libre militancia, se está obligando al ciudadano común a hacer exactamente lo que Abinader criticó en el extranjero: negociar su libertad política a cambio de su seguridad económica individual.
En Teclalibre Multimedios entendemos que al presidente Abinader le asiste el derecho de trabajar a fin de dejar el poder preservando su imagen con reconocimiento social. De ahí que, para lograrlo, su practico accionar debe corresponderse con lo expuesto ante la comunidad internacional.
En pocos términos, Luis debe ajustar el mismo estándar que pregona a la práctica del poder en cada rincón de la geografía nacional, garantizando que la estabilidad de la que hoy se presume, no se construya sobre el silencio de la oposición ni sobre el temor de los ciudadanos. Es la única forma de que, aquella, su advertencia en Miami, pueda interpretarse, como real preocupación pro-democrática y no, como expresión demagógica que desnuda su incoherencia.
