-El dilema dominicano ante la migración haitiana-
La migración irregular de ciudadanos haitianos en la República Dominicana sigue siendo un tema candente y divisivo. Con miles de trabajadores extranjeros en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, el país se enfrenta al reto de encontrar una salida que combine legalidad, humanidad y sentido práctico.
Recientemente, tres figuras de peso han planteado visiones distintas —pero complementarias— sobre cómo encarar esta crisis.
El abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, cree que la única vía legal y sostenible es el otorgamiento de visas temporales de trabajo, con nombres reales, documentación oficial emitida por Haití, y respaldo de empleadores dominicanos.
Para Castillo, cualquier otra vía, como los “carnés de regularización”, sólo perpetúa el desorden. Y no duda en señalar a los grupos empresariales que prefieren la ilegalidad como modelo de negocio.
“Los oligarcas no quieren ley. Quieren trabajadores sin nombre, sin papeles y sin derechos”, sentenció desde su cuenta de X.
El senador Omar Fernández también ha planteado que los permisos temporales de trabajo son una opción viable para integrar de manera ordenada a los extranjeros que ya participan de nuestra economía.
Pero ha dejado claro que los ciudadanos haitianos en situación irregular deben ser deportados. Su enfoque busca un punto medio entre la legalidad y la realidad.
El expresidente Hipólito Mejía no se anda con rodeos: hay que regularizar la mano de obra haitiana, y hay que hacerlo ya. Su argumento se basa en la realidad económica y en la necesidad de asumir el tema con “madurez y responsabilidad”.
Reconoce que sin trabajadores haitianos, sectores clave de la economía podrían colapsar. Pero también advierte que eso no puede seguir ocurriendo en la informalidad ni al margen de la ley.
Estas tres posiciones, aunque distintas, tienen algo en común: reconocen que el problema no puede seguir ignorándose.
La República Dominicana necesita una política migratoria clara, firme y humana. Esto implica: Establecer visas temporales de trabajo con control estricto. Exigir documentación válida y evitar la suplantación de identidades. Asegurar que los empleadores asuman su parte de la responsabilidad. Fortalecer el sistema de identificación y seguimiento migratorio.
Ni los discursos nacionalistas vacíos ni las posturas permisivas sin control resolverán este desafío. Regularizar no puede ser sinónimo de legalizar el desorden. Pero tampoco se trata de cerrar los ojos ante una realidad que ya forma parte del tejido económico y social del país.
O enfrentamos esta situación con responsabilidad y visión a largo plazo, o seguiremos atrapados en un ciclo de improvisación, tensión social y vulneración de derechos.
La hora de actuar es ahora.
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