TECLALIBRE | NOTI-ANÁLISIS | 27 DE OCTUBRE DE 2026
Mientras las pandillas convierten las carreteras haitianas en lucrativas estaciones de peaje, el presidente salvadoreño enfrenta el desafío de rescatar a cuatro militares desaparecidos y República Dominicana refuerza su frontera. La crisis plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar el conflicto sin arrastrar a los vecinos?
SANTO DOMINGO. — En Haití, el Estado ha perdido el control de buena parte de su capital, pero las bandas criminales parecen haber descubierto una lucrativa modalidad de administración territorial: cobrar peajes, controlar carreteras y decidir quién circula y quién no.
Según reveló este lunes el ministro dominicano de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, las organizaciones armadas dominan entre el 80 % y el 90 % de Puerto Príncipe y mantienen aproximadamente siete puntos de cobro en la ruta que comunica la capital haitiana con Jimaní.
El negocio tiene tarifas: hasta 1,150 dólares por un contenedor de 40 pies y 576 dólares por uno de 20, según las cifras expuestas por el funcionario. No quedó establecido si esos montos corresponden a cada punto de cobro.
En otras palabras, los delincuentes han montado su propia aduana. Sin presupuesto público, sin elecciones y, desde luego, sin rendir cuentas.
Bukele entra en una guerra que no es la de El Salvador
Mientras las bandas cobran, el presidente salvadoreño Nayib Bukele enfrenta una prueba que trasciende las fronteras de su país.
Cuatro aerotécnicos salvadoreños, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas desplegada en Haití, permanecen desaparecidos desde el 18 de octubre, cuando fueron emboscados en Croix-des-Bouquets.
Bukele ordenó reforzar las operaciones de búsqueda y advirtió a los responsables sobre las consecuencias de no devolverlos con vida.
Pero Haití no es El Salvador.
Allí, Bukele no controla el aparato estatal, las cárceles ni el territorio. Sus fuerzas actúan dentro de una misión multinacional, frente a organizaciones criminales que conocen el terreno y disponen de redes de apoyo y financiación.
El mandatario rechazó que unos restos humanos encontrados correspondieran a sus compatriotas, aunque la identidad de los fallecidos seguía sin confirmación definitiva en los reportes consultados.
La gran interrogante es si la ofensiva conseguirá rescatar a los desaparecidos o terminará ampliando una confrontación que ya castiga brutalmente a la población civil.
Abinader pone blindados, drones y una línea roja
Del lado dominicano, Luis Abinader ha elevado el tono.
El mandatario confirmó el reforzamiento militar de la frontera, particularmente en el sur, mediante nuevos efectivos, vehículos blindados, artillería, drones y vigilancia aérea.
También reveló conversaciones con Bukele para coordinar apoyo logístico, asistencia e intercambio de inteligencia.
Sin embargo, introdujo una precisión fundamental: República Dominicana no enviará tropas a combatir dentro de Haití.
Abinader advirtió que no permitirá que las bandas se aproximen a menos de 20 kilómetros de la frontera, aunque cualquier eventual actuación deberá examinarse conforme al derecho internacional y en coordinación con las autoridades correspondientes.
Por ahora, según Defensa, las principales organizaciones criminales no han avanzado hacia los pasos fronterizos dominicanos.
Entonces, ¿por qué tantos blindados?
La explicación oficial es preventiva: una ofensiva internacional más intensa podría provocar desplazamientos de grupos armados y alterar el escenario de seguridad.
El peligro también viaja en contenedores
La amenaza haitiana no se limita a una eventual incursión armada.
Los peajes ilegales encarecen el transporte, afectan el comercio y alimentan económicamente a organizaciones que disputan al Estado el control de las rutas comerciales.
A ello se suman el tráfico ilícito de armas, los desplazamientos humanos y la posibilidad de que la violencia desborde nuevos territorios.
Para República Dominicana, el reto consiste en defender su soberanía, mantener el comercio legal y colaborar con la estabilización del vecino país sin involucrarse directamente en una guerra de consecuencias imprevisibles.
Y para la comunidad internacional, el desafío es todavía mayor: ninguna operación militar resolverá por sí sola una crisis alimentada por décadas de debilidad institucional, pobreza, corrupción e impunidad.
La frontera de las incertidumbres
Hay una paradoja que merece atención.
Bukele intenta proyectar contra las bandas haitianas la experiencia de seguridad desarrollada en El Salvador. Abinader refuerza su frontera para impedir que la violencia alcance territorio dominicano. Y las organizaciones criminales continúan cobrando por utilizar carreteras que deberían pertenecer a todos los haitianos.
La cuestión de fondo no es solamente cuántos pandilleros pueden ser abatidos o cuántos vehículos blindados pueden desplegarse.
Es quién recuperará la autoridad legítima en Haití cuando terminen los operativos.
Porque, mientras los gobiernos discuten estrategias, las bandas siguen pasando la factura. Y en esa contabilidad macabra, quien siempre termina pagando es el pueblo haitiano.
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