Por Luis Rodríguez Salcedo
Una jueza federal en Boston, Allison D. Burroughs, ha puesto un freno —aunque sea provisional— a una jugada polémica de la Administración Trump: cancelar la matrícula de estudiantes extranjeros en Harvard. Sí, nada menos que en Harvard, donde uno de cada cuatro alumnos viene de fuera de Estados Unidos.
La medida de la jueza responde a una petición urgente de la propia universidad, que ve en la decisión del Gobierno un golpe directo y, según su demanda, una represalia por no doblegarse ante las intenciones de Trump de meter la cuchara en el currículo, la autonomía institucional y hasta en la ideología del campus.
Burroughs no se anduvo con rodeos: reconoció que, de no intervenir, Harvard sufriría un daño “inmediato e irreparable”. Así que puso pausa al decreto trumpista y convocó una audiencia para el 27 de mayo, donde ambos bandos deberán presentar sus cartas. Mientras tanto, la orden queda congelada.
Harvard, con su toga bien puesta, acusa a la Casa Blanca de violar la Primera Enmienda, actuar sin justificación lógica y pasar por alto hasta sus propias reglas. En otras palabras, denuncia un ataque político disfrazado de regulación migratoria.
La jugada huele a revancha. Que una administración trate de castigar a una universidad por no alinearse ideológicamente, suena más a guion de serie distópica que a política educativa seria. Por suerte, la justicia —aunque lenta y a veces tímida— aún tiene el poder de decir «¡Alto ahí!» cuando se pasa de la raya. ¿Será que Harvard le está dando una lección a Trump… en su propia cancha?
rodriguezsluism9@gmail.com
