-La Propuesta es de Omar Fernandez, senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Ambas instituciones consideran que el tráfico de indocumentados es un crimen de lesa patria y una grave amenaza a la soberanía nacional-
SANTO DOMINGO.– El Instituto Duartiano y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresaron este viernes su respaldo a la propuesta del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que busca endurecer las sanciones contra los funcionarios públicos implicados en el tráfico de migrantes, incluyendo la inhabilitación de por vida para ejercer funciones en el Estado.
Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, coincidieron en que se ha incrementado la presencia de migrantes haitianos en situación irregular en el país, lo que consideran una seria amenaza a la soberanía nacional.
“El tráfico de indocumentados constituye un acto grave de corrupción y un crimen de lesa patria, que amerita un régimen legal especial con sanciones ejemplares que produzcan un efecto disuasorio”, afirmó Gómez Ramírez.
El jurista valoró como positiva la iniciativa del senador Fernández, al entender que responde a un clamor popular: “El pueblo dominicano quiere que se detenga de forma definitiva esta práctica, especialmente la corrupción fronteriza que facilita la entrada ilegal al país”.
Por su parte, Castaños Guzmán lamentó que, históricamente, en las redes de tráfico de personas siempre haya habido vínculos con empleados del Estado. “Todo aquel que se sienta verdaderamente dominicano estará de acuerdo con esta propuesta. Aunque ya existen leyes sobre trata y tráfico de personas, así como una ley de migración, es evidente que no han sido suficientes. Esta nueva propuesta busca reforzar el marco legal y aumentar las penas”, dijo.
El vicepresidente de Finjus advirtió que la sociedad dominicana percibe un aumento preocupante de la inmigración ilegal, especialmente de ciudadanos haitianos, lo cual justifica una respuesta más contundente del Estado.
La propuesta de Omar Fernández modifica un proyecto de ley introducido por el Poder Ejecutivo y busca establecer que cualquier funcionario público que se involucre en el tráfico ilícito de migrantes sea automáticamente excluido de por vida de la administración pública.
La iniciativa fue reenviada a la comisión correspondiente del Senado para su análisis y posible inclusión en el proyecto original.
“El que traiciona la confianza del pueblo y utiliza su cargo para atentar contra la soberanía nacional no merece volver a servir al Estado”, sentenció el senador Fernández.
