-La sombra del 5% amenaza el sustento de muchas familias dominicanas-
Por Luis Rodríguez Salcedo
En un movimiento que despierta alarma y preocupación, la Cámara de Representantes de Estados Unidos debate un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde su territorio, una medida que podría tener un impacto devastador para millones de migrantes, incluidos los más de un millón de dominicanos que sostienen a sus familias en la República Dominicana con estos envíos. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Donald Trump como parte de su ambicioso plan presupuestario, no solo añade una carga económica a quienes ya sacrifican gran parte de sus ingresos, sino que pone en riesgo la estabilidad de un país donde las remesas representan el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), un total de 11 mil millones de dólares enviados en 2024.
Para la diáspora quisqueyana, esta propuesta es más que un simple ajuste fiscal; es un golpe directo al corazón de su esfuerzo diario. Con un costo promedio de envío que ya oscila entre 5.50 y 6.69 dólares por cada 100 dólares transferidos, el nuevo gravamen elevaría significativamente la carga financiera, afectando tanto a quienes envían como a las familias receptoras, muchas de las cuales dependen de estos fondos para cubrir necesidades básicas como alimentos, educación y salud. La República Dominicana, que se posiciona como el tercer receptor de remesas en América Latina tras México y Guatemala, enfrenta un escenario de incertidumbre que podría profundizar las desigualdades sociales si esta medida prospera.
El Caucus Hispano del Congreso (CHC) ha denunciado con razón que más de 40 millones de personas, incluidas indocumentadas, residentes con «green card» y titulares de visados de no inmigrantes, sufrirían las consecuencias. Para los dominicanos, esto significa que un pilar económico clave podría tambalearse, especialmente en comunidades vulnerables donde las remesas son una tabla de salvación. La ironía no pasa desapercibida: mientras estos migrantes contribuyen con su trabajo a la economía estadounidense, ahora se les castiga con un impuesto que amenaza su capacidad de apoyar a sus seres queridos.
Desde una perspectiva dominicana, el temor es palpable. Este impuesto no solo reduciría el monto que llega a las casas, sino que podría empujar a muchos a recurrir a canales informales, aumentando los riesgos de inseguridad y pérdida de transparencia en las transacciones. Además, el impacto económico podría desincentivar el consumo y la inversión local, afectando un sector que ha sido un motor de resiliencia frente a crisis como la pandemia. ¿Qué hará el gobierno dominicano para proteger a sus ciudadanos en el exterior y mitigar las repercusiones en casa? La respuesta urge, porque detrás de cada dólar enviado hay una familia que lucha por salir adelante.
Esta medida, enmarcada en una política migratoria más amplia y restrictiva, refleja una visión que prioriza el control sobre la solidaridad. Es momento de que las voces de la diáspora dominicana se hagan escuchar, exigiendo un diálogo que preserve este flujo vital. De lo contrario, el 5% podría convertirse en el símbolo de una brecha aún más profunda entre las aspiraciones de un pueblo y las políticas que lo afectan.
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