El presidente brasileño, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva acusó a algunos de los militares y policías encargados de la seguridad de Planalto, en Brasilia, donde se encuentran las sedes del Gobierno y que fueron asaltadas por manifestantes el domingo, de haber actuado en connivencia con los manifestantes de extrema derecha seguidores de Jair Bolsonaro.
Las últimas declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva son combustible para el debate sobre la actuación de las Fuerzas Militares y la Policía el 8 pasado de enero, cuando bolsonaristas asaltaron en Brasilia las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
‘Lula’ dijo que quería “ver los videos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio (presidencial de Planalto). Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes».
Según el mandatario aún no ha hablado de sus sospechas con su equipo, ya que dice está esperando que la tensión baje, además que está “convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran, porque no hay ninguna puerta quebrada. Es decir que alguien les facilitó la entrada aquí».
Duras acusaciones que apuntan directamente a un sector del Ejército y la policía. Los encargados de la seguridad del lugar son miembros de la Guardia Presidencial, un batallón del Ejército y agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, en algunos de los videos revelados se les ve fraternizando con los asaltantes.
El presidente se habría quejado con sus aliados de la inacción de las Fuerzas Armadas y su incapacidad para prever los ataques, y dijo que «la imagen” que tiene “es de unas Fuerzas Armadas que saben que su papel está definido en la Constitución. Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen que son. Su papel está definido en la Constitución y es lo que quiero que hagan bien hecho».
En Brasil es conocido el alto apoyo que tiene Jair Bolsonaro y sus aliados de extrema derecha entre los miembros que forman parte del Ejército y la Policía. Una cuestión que ha preocupado significativamente a los sectores cercanos al Partido de los Trabajadores de ‘Lula’ da Silva y que los seguidores bolsonaristas conocen, ya que han intentado desde hace semanas llamar a las fuerzas armas a un levantamiento militar para eliminar la victoria del izquierdista.
Para evitar estas situaciones, el presidente afirmó que ya inició un proceso de selección de personal para retirar a los bolsonaristas que trabajan en la Presidencia. «La verdad es que el Palacio estaba repleto de bolsonaristas, de militares, y estamos viendo si conseguimos corregir eso para poner a funcionarios de carrera, de preferencia a civiles que estaban aquí y fueron transferidos», sentenció.
Además, recordó que «lo que sucedió fue una gran advertencia, ganamos las elecciones, pero los partidarios fanáticos de Bolsonaro son muy peligrosos», y agregó que «en adelante seremos más duros y aún más cautelosos. Debemos averiguar quién financia estos actos, eso es lo que pone en riesgo la democracia».
A pesar de las peticiones de sus partidarios de pedir la renuncia del ministro de Defensa, José Mucio, ‘Lula’ dijo que seguirá en el cargo y que confía en él, y que «si tuviera que despedir a un ministro cada vez que comete un error, el cambio sería enorme.
En la Cámara de Representantes de Estados Unidos un grupo de 41 miembros del Partido Demócrata pidieron a la administración del presidente, Joe Biden, que colabore con las investigaciones del asalto en Brasilia y que revoque el visado estadounidense al expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en el estado de Florida.
La petición fue enviada a través de una misiva que busca que el Gobierno apoye la democracia y el estado de derecho del país suramericano. «Además, no debemos permitir que el señor Bolsonaro o cualquier otro exfuncionario brasileño se refugie en Estados Unidos para escapar de la justicia por cualquier delito que puedan haber cometido cuando estaban en el cargo», decía la carta.
Funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca no han respondido a la carta que fue encabezada por los representantes estadounidenses Gregory Meeks, el principal demócrata y ex presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Joaquín Castro, Rubén Gallego, Chuy García y Susan Wild.
El Departamento de Estado de Estados Unidos en repetidas ocasiones ha dicho que su política es no discutir casos específicos de visados. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo este miércoles que Washington no había recibido ninguna solicitud específica de Brasil sobre Bolsonaro.
Bolsonaro voló hacia Estados Unidos dos días antes de que su mandato llegara a su fin el 1 de enero de este año.
Este jueves, la Abogacía General del Estado de Brasil hizo una solicitud a la Justicia para poder bloquear unos 6,5 millones de reales, que equivalen a unos 1,3 millones de dólares, que pertenecen a 52 personas y 7 empresas que podrían haber financiado el asalto del domingo.
La lista de bienes que pidieron bloquear incluye «inmuebles, vehículos y dinero en cuentas bancarias». Con el dinero del embargo se pretende «reparar los daños causados por la depredación de patrimonio público, en caso de una posterior condena», decía la nota de la Abogacía General y subraya que el valor solicitado es preliminar, ya que aún no hay un valor final de los daños.
La idea de la Policía de Brasil de utilizar el reconocimiento facial para dar con los manifestantes que irrumpieron en las sedes del Gobierno ha levantado la alarma de los expertos en privacidad y derechos humanos.
Este martes la Policía anunció que utilizará la biometría para dar con los responsables. En 21 de los 27 estados esta tecnología ya es utilizada para controlar el transporte urbano o hacer seguimiento de la asistencia escolar.
Los grupos de derechos humanos afirman que no hay claridad de su uso, no ha habido consultas públicas sobre su funcionamiento y la protección de datos.
Las autoridades justifican este tipo de vigilancia por motivos de seguridad, pero los expertos en vigilancia advierten de los posibles problemas por las violaciones de la privacidad y la potencial elaboración de perfiles, además de la posible discriminación de personas negras e indígenas.
Según Panoptico, un proyecto que monitorea el uso del reconocimiento facial en Brasil, desde 2019 el 90% de las personas detenidas cuando se utilizó la tecnología de reconocimiento facial eran negras.
Para Matt Mahmoudi, investigador de Amnesty Tech, un brazo de Amnistía Internacional que contrarresta la represión digital, «como herramienta de vigilancia masiva, el reconocimiento facial es una solución acelerada de parches que fracasa de manera demostrable una y otra vez en el cumplimiento de los objetivos de seguridad que pretende permitir», añadió que «también erosiona derechos fundamentales. Históricamente, las comunidades marginadas corren un riesgo especial, al igual que la privacidad de los brasileños en general».
Tras las protestas unas 1.800 personas fueron detenidas, pero una tercera parte fue liberada por motivos humanitarios, aunque siguen vinculadas al proceso
