El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó este viernes una ley que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes respalden sanciones internacionales contra el país. La normativa, aprobada un día antes por el Parlamento controlado por el chavismo, entra en vigor de manera inmediata.
«¡Ejecútese desde este mismo momento!», declaró Maduro al firmar la ley en una transmisión nacional por radio y televisión.
La medida surge en medio de una escalada de tensiones políticas tras la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo (2025-2031), proceso que la oposición, encabezada por la exdiputada María Corina Machado, ha calificado como fraudulento, reivindicando el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Uno de los artículos más polémicos de la ley detalla que «toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas» será condenada a penas que oscilan entre 25 y 30 años de prisión.
Esta legislación ha generado críticas tanto dentro como fuera del país, al ser vista como un intento de criminalizar la disidencia y limitar las acciones de la oposición, en un contexto de creciente aislamiento internacional del gobierno de Maduro.
