Franz Fabien está a punto de perder su casa, su negocio de veinte años y a dos hermanas que están por quedarse sin estatus migratorio. En medio de la incertidumbre por las redadas y el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para clientes, familiares y amigos haitianos, casi nadie entra a su tienda en el corazón de la Pequeña Haití en Miami. Allí vende de todo —camisetas de la selección, zapatos, extensiones de cabello—, pero su principal fuente de ingresos eran las remesas a la isla y los teléfonos móviles prepagados. Ese negocio prácticamente ha desaparecido: “Antes activaba teléfonos para personas con TPS y ahora ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que hice una activación”. Sin ingresos, Fabien debe seis meses de hipoteca y está al borde del embargo. Pero lo que más le preocupa como hermano mayor, el único naturalizado de su familia, es que tampoco tiene recursos para ayudar a sus hermanas, que este lunes perdieron sus permisos de trabajo y que en las próximas horas perderán el estatus que las protegía de la deportación de Estados Unidos a una isla en crisis.
Los TPS de unos 350.000 ciudadanos haitianos expiraron a la medianoche de este lunes. En las próximas horas se espera que un juez federal levante formalmente las protecciones con base en la reciente decisión del Tribunal Supremo que despejó el camino para que el Gobierno de Donald Trump eliminara estos programas. Como consecuencia de ello, hoy han quedado sin autorización para trabajar y permanecer en el país personas haitianas que han vivido en Estados Unidos por años, desde que fue aprobado el primer TPS tras el devastador terremoto de enero 2010.
Ayer, las hermanas de Fabien fueron despedidas de su empleo y temen ser detenidas si salen de casa. Después de haber construido una vida en Miami desde 2009, tampoco tendrán dinero para pagar el próximo mes sus respectivas hipotecas. “Han luchado durante 17 años y ahora no tienen nada. No pueden conducir, no pueden usar sus identificaciones. Ahora, su estrés se va a sumar al mío porque no puedo dejarlas desamparadas. Si tienen hambre o si necesitan transporte, tengo que ayudarlas”, se lamenta él en la tienda vacía. “Es como si yo también estuviera bajo TPS, porque no sé exactamente qué va a pasar”.
Los activistas y abogados que acompañan los casos migratorios de esta comunidad hacen lo posible para proveer recursos que les permitan navegar la situación, mitigar el miedo y la parálisis. “No deberíamos entrar en pánico, sino prepararnos”, es el consejo que más repite la abogada Vanessa Joseph, quien es directora del Servicio Jurídico Católico de la Arquidiócesis de Miami y presidenta de la Red Nacional de Representantes Electos Haitiano-Estadounidenses (NHAEON, por sus siglas en inglés). “Además de buscar consejo migratorio, si tienes familiares, hijos o bienes que necesites proteger, incluyendo tus finanzas, tu cuenta bancaria, tu negocio, propiedades, carros, cosas así, es importante hacer planes”.
Thomas Kennedy, que vive en la Pequeña Haití y es consultor de políticas de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), ha observado durante los últimos meses cómo los vecinos han comenzado a tomar precauciones. “Mucha gente está moviendo la posesión legal de sus cosas, sus casas, sus autos. Otras personas están planificando en caso de que sean detenidos por las autoridades. Mucha gente está planeando qué va a hacer, cómo se puede proteger, pero la gran mayoría de la gente no se quiere ir”.
Aún después del fallo del Supremo, algunos activistas y abogados todavía creen que hay esperanzas de que ciertos alivios se mantengan si el Congreso y los tribunales de distrito actúan en favor de los inmigrantes en los próximos días. “Hay una propuesta de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes que extendería las protecciones para haitianos que se beneficiaban del TPS. Pero desafortunadamente el liderazgo en el Senado no le da audiencia a esta propuesta que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes. Por ahora, más que eso, no hay opción para salvar las protecciones que tiene esta gente”, sostiene Kennedy.
Sin embargo, el activista José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, cree que los jueces de distrito aún tienen autoridad para evaluar casos individuales de violaciones de derechos constitucionales de las personas que hasta ahora habían sido amparadas por protecciones temporales. “A pesar de que la decisión de la Corte Suprema se debería implementar hoy, los jueces todavía tienen autoridad de revisar los casos y mirar cuál va a ser su veredicto final. Ya sea cerrar el caso por la orden de la Corte Suprema o tomar una decisión basada en otros argumentos legales”, dice Palma. Su organización forma parte de la coalición que ha impulsado demandas en cortes a lo largo del país para frenar la eliminación de los estatus de protección y que ha logrado pequeñas victorias, como por ejemplo la que prolongó momentáneamente la vigencia de los permisos de trabajo de algunos solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS.
Mientras las batallas legales se resuelven, en áreas de Miami como la Pequeña Haití, North Miami y North Miami Beach crece la tensión por las redadas del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en las estaciones de servicios, en los supermercados hispanos y en otros lugares donde se reúnen inmigrantes. Según reportes de la cadena CBS, el ICE planea incrementar sus operaciones en estas comunidades y acelerar las deportaciones hacia la isla.
Como una onda expansiva, se va colando en una economía que en gran medida depende de estos trabajadores. Solo en el Estado de Florida viven 158.000 beneficiarios del TPS que solo el año pasado aportaron unos 2.600 millones de dólares a la economía estatal, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento de Estudios Económicos y Demográficos publicado en 2025. Trabajan en la hotelería, en los hospitales, en los campos de cultivos, en sectores donde el propio Estado admite que hace tanta falta su mano de obra.
