Luis Rodriguez Salcedo
Santo Domingo, R.D. — El país continúa conmocionado tras la tragedia ocurrida en la emblemática discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó en la madrugada del martes, provocando la muerte de al menos 230 personas y dejando más de un centenar de heridos. Sin embargo, más allá del dolor y la indignación, se multiplican las denuncias sobre fallas estructurales previamente advertidas, la supuesta negligencia de los propietarios, y una preocupante falta de supervisión por parte de las autoridades competentes.
Vecinos del sector, exempleados del lugar e incluso clientes frecuentes han salido a contar que desde hacía meses se hablaba de grietas visibles, filtraciones constantes en los días de lluvia, y “crujidos” en el techo durante los conciertos más concurridos. Algunos aseguran haber reportado estos detalles a encargados de seguridad o personal del establecimiento, pero las quejas habrían sido desestimadas.
“No era raro ver cubetas recogiendo agua cada vez que llovía, y el techo tenía partes visiblemente desgastadas. Lo denunciamos, pero nunca hicieron caso”, expresó con indignación un técnico de sonido que trabajó allí hasta hace pocos meses.
A raíz del desastre, muchos apuntan a una posible negligencia criminal por parte de los propietarios del establecimiento. Varios testimonios afirman que, pese a tener conocimiento de los problemas estructurales, optaron por continuar operando sin someterse a revisiones de ingeniería ni reforzar las áreas críticas.
Pero las acusaciones no se limitan al ámbito privado. Un coro creciente señala a las instituciones públicas responsables de la supervisión de lugares de entretenimiento, especialmente el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA). Algunas voces incluso sugieren una relación de complicidad o permisividad prolongada.
“El Estado también tiene que responder. Es imposible que un local tan concurrido no haya sido inspeccionado en años, o peor aún, que hayan visto fallas y las hayan pasado por alto”, denunció la abogada Claudia Gutiérrez, quien representa a un grupo de familiares de las víctimas.
La tragedia ha abierto las puertas a una avalancha de acciones legales. Se han anunciado demandas tanto contra los propietarios de Jet Set como contra funcionarios encargados de velar por la seguridad de locales públicos.
“Esto no puede quedar impune. Aquí hay responsabilidades múltiples, desde lo técnico hasta lo administrativo”, manifestó el jurista Mario Tejada, quien asesora a una organización civil que planea llevar el caso hasta instancias internacionales si es necesario.
Además de las acusaciones de homicidio involuntario y negligencia criminal, algunos juristas no descartan cargos más graves si se demuestra que hubo advertencias formales ignoradas por quienes debían actuar.
En medio del dolor, circulan versiones no confirmadas que hablan de supuestas conexiones políticas entre los dueños del local y funcionarios de alto nivel, lo que habría facilitado la omisión de controles. Otras teorías señalan que hubo presiones para mantener el local funcionando pese a las advertencias, en vista de que era una importante fuente de ingresos para muchos sectores.
Mientras se realizan peritajes técnicos y se recopilan testimonios, el clamor por justicia se hace cada vez más fuerte. La opinión pública exige transparencia, sanciones ejemplares y una revisión completa del sistema de inspección y control de locales públicos.
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