El movimiento Antigua Orden Dominicana, encabezado por su presidente, Angelo Alexander Vásquez, ha convocado a una nueva marcha el próximo 24 de abril con el propósito de exigir al gobierno dominicano medidas más estrictas contra la inmigración ilegal en el país.
Según informaron los organizadores, la movilización partirá desde la Avenida Máximo Gómez y tendrá como destino final el Palacio Nacional.
Allí, los manifestantes tienen previsto entregar un manifiesto dirigido al presidente Luis Abinader, en el cual expondrán sus preocupaciones y demandas relacionadas con la presencia de extranjeros en situación irregular dentro del territorio nacional.
A través de sus plataformas en redes sociales, Antigua Orden Dominicana ha reiterado su postura crítica respecto a lo que consideran una inmigración descontrolada que, según sus alegatos, compromete la soberanía del país y genera impactos negativos en diferentes ámbitos, incluyendo el mercado laboral, la seguridad ciudadana y el acceso a servicios públicos. En sus comunicados, han insistido en la necesidad de que las autoridades adopten medidas más severas para regular la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros en el país, particularmente en lo que respecta a la migración haitiana, que históricamente ha sido un tema de debate en la República Dominicana.
Este llamado a protesta se enmarca en un contexto de creciente preocupación social sobre el impacto de la inmigración en la nación. Diversos sectores de la sociedad han expresado opiniones divididas al respecto. Mientras algunos grupos sostienen que la inmigración contribuye al desarrollo económico y cultural del país, otros consideran que la falta de control en la entrada de extranjeros representa una amenaza para los recursos nacionales y la identidad dominicana.
La marcha del 24 de abril se suma a una serie de manifestaciones organizadas en los últimos años por sectores que demandan una política migratoria más rigurosa. Se espera que esta nueva convocatoria genere reacciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública, reavivando el debate sobre el manejo de la inmigración y las acciones gubernamentales al respecto.
Ante este panorama, queda por verse cuál será la respuesta de las autoridades frente a estas exigencias y cómo se equilibrará la necesidad de regulación migratoria con los compromisos internacionales y los derechos humanos de los inmigrantes en la República Dominicana.
LRS
