Por Luis Rodriguez Salcedo
El presidente Donald Trump ha lanzado una nueva y polémica iniciativa migratoria que ha generado tanto sorpresa como escepticismo: ofrecer $1,000 y un “hermoso vuelo de regreso” a los inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse voluntariamente. Esta propuesta, presentada como una medida humanitaria y económica, ha sido recibida con una mezcla de incredulidad y crítica por parte de diversos sectores.
Según la administración Trump, los inmigrantes que utilicen la aplicación CBP Home—una versión renovada de la anterior CBP One—para notificar su intención de salir del país, recibirán asistencia financiera y serán priorizados para evitar la detención. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió el programa como la forma “más segura y rentable” de deportación, destacando que podría ahorrar a los contribuyentes hasta $1 millón por familia en costos a largo plazo.
Trump, por su parte, prometió vuelos “hermosos” y la posibilidad de regresar legalmente en el futuro para aquellos que sean “buenas personas” . Sin embargo, expertos advierten que los inmigrantes que han residido ilegalmente en EE. UU. por más de un año enfrentan prohibiciones de reingreso de hasta 10 años, lo que pone en duda la viabilidad de estas promesas.
La propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes y analistas políticos. Algunos la ven como una estrategia para maquillar una política de deportaciones masivas con una fachada más amable. Otros señalan que podría ser una forma de identificar y rastrear a inmigrantes indocumentados que, al utilizar la aplicación, estarían proporcionando información personal valiosa a las autoridades.
Además, la administración Trump ha estado en conversaciones con países como Ruanda para aceptar a migrantes deportados, lo que ha generado preocupaciones adicionales sobre el destino y las condiciones que enfrentarían estos individuos al regresar.
La iniciativa de Trump de pagar a los inmigrantes para que se autodeporten plantea serias preguntas sobre su efectividad, ética y posibles consecuencias no deseadas. Mientras la administración la presenta como una solución pragmática, críticos argumentan que podría ser una táctica más en una agenda migratoria restrictiva y punitiva.
