Óscar Chalas Guerrero confiesa red mafiosa en Casinos: “Donald Guerrero sabía”
El exdirector de Casinos y Juegos de Azar devuelve 20 millones de pesos y revela que el exministro de Hacienda estaba al tanto de los cobros ilegales a bancas.
El engranaje de la llamada Operación Calamar sigue revelando capas de corrupción que alcanzan las más altas esferas del poder. Esta vez, el protagonista es Óscar Chalas Guerrero, ex director de Casinos y Juegos de Azar, quien admitió ante la justicia haber cobrado dinero a bancas ilegales para permitirles operar, un negocio paralelo que —según sus propias palabras— contaba con el conocimiento del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Chalas, de 70 años, ingeniero civil de profesión, confesó sin rodeos ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción, que fue parte de una “estructura” que recaudaba entre 3,000 y 6,500 pesos mensuales por banca ilegal. “Como eran muchas, no sabría decir cuánto se recaudaba en total”, afirmó, antes de agregar una frase que retumba como un eco del viejo Estado clientelar:
“Yo acepto que esos hechos pasaron y no me siento orgulloso. Pido perdón a la sociedad”.
Según su testimonio, Donald Guerrero estaba informado del esquema y, aunque inicialmente habría aceptado desmontarlo, luego ordenó mantener la estructura, al ver reducidas las recaudaciones.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, de la PEPCA, solicitó un criterio de oportunidad para Chalas Guerrero, que lo exime de persecución penal a cambio de su colaboración y devolución de fondos.
En total, el exfuncionario restituyó 17 millones de pesos en cheques y dos vehículos valorados en casi tres millones más. Ortiz explicó que su aporte fue “esencial” para robustecer la acusación contra los principales implicados y calificó su cooperación como “espontánea y sin presión”.
El exdirector de Casinos se une así a otros miembros del grupo, como Manuel Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera, quienes ya habían acordado con el Ministerio Público restituir más de 2,300 millones de pesos al Estado.
La Operación Calamar, calificada por las autoridades como una de las tramas de corrupción más complejas en la historia reciente del país, tiene como principales acusados a Donald Guerrero (Hacienda), Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).
El caso ha expuesto una maquinaria de desvío de fondos públicos, cobros irregulares y lavado de dinero que, según los fiscales, funcionó con la complicidad de funcionarios, empresarios y operadores financieros durante el gobierno de Danilo Medina.
La confesión de Chalas Guerrero tiene un doble filo. Por un lado, representa una victoria estratégica del Ministerio Público, que obtiene más pruebas directas y recupera dinero público. Pero, por otro, deja al desnudo la fragilidad del sistema judicial dominicano, donde la impunidad parece negociarse en cuotas.
El “criterio de oportunidad” se ha convertido en un atajo para muchos implicados en tramas de corrupción, quienes —tras devolver una parte del botín— logran escapar de la cárcel. En este caso, el Estado recibe una mínima fracción del dinero robado, mientras las estructuras de poder que lo permitieron siguen intactas o se reciclan en nuevos rostros políticos.
En palabras del propio Chalas, “yo no me siento orgulloso”. Pero el país tampoco puede sentirse satisfecho cuando la corrupción se confiesa, se negocia y se perdona… mientras la justicia continúa siendo selectiva y las “estructuras” que él mencionó permanecen vivas, solo que bajo nuevas administraciones.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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