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PETRO Y LA PRENSA ENFRENTADOS: SUFRE LA DEMOCRACIA

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José Ospina-Valencia

«Nadie va a impedir a los medios su derecho a expresarse, pero nadie nos quitará nuestro derecho para (sic) expresarnos», replicó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 11 de junio en Twitter a sendas columnas de los dos principales diarios de Colombia, El Espectador y el Tiempo, que rechazaban «acusaciones» y «estigmatizaciones» de parte del Ejecutivo hacia la prensa, tanto en discursos públicos como a través de su cuenta de Twitter, que cuenta con 6,8 millones de seguidores.

Los ataques a la prensa en un país en el que, según la FLIP, cada dos días es amenazado un periodista por ir en busca de la verdad y la noticia son especialmente peligrosos.

«El presidente, de manera generalizada, busca sembrar un manto de duda sobre la idoneidad y la veracidad del periodismo. Petro insiste en un relato periodístico en contra de su gobierno, donde habla de una intención de ‘golpe blando’, supuestamente propiciado o impulsado por medios de comunicación», dice a DW Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

¿Está irrespetando el presidente de Colombia el derecho a la libertad de prensa, uno de los pilares del Estado de derecho? «Una cosa es la libertad de expresión y otra el derecho a la información», advierte a DW el jurista José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, y también columnista de varios medios, agregando que «la libertad de expresión está consagrada en el artículo 20 de la Constitución colombiana y consiste en que cada persona posee el derecho fundamental de manifestar sus opiniones, frente a un gobierno, por ejemplo, esté uno o no de acuerdo con él. O sobre si sus políticas son acertadas o erradas».

La preocupación crece sobre si Gustavo Petro está abandonando su expreso «espíritu democrático». La FLIP lo quiere escuchar de boca del mismo Gustavo Petro, por lo que ha solicitado una reunión con el mandatario, junto con Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Para Bock, el presidente de Colombia «tiene una oportunidad de demostrar que el periodismo es una institución democrática que, especialmente en un país con un conflicto armado como el de Colombia, debe fortalecerse».

El escándalo sobre presuntas aportaciones ilegales que habrían contribuido a la campaña de Petro ha sido publicado por la revista Semana, principalmente. De aquí ha interpretado Petro que dicha revista estaría dando órdenes a la Fiscalía y así lo ha declarado. «Una acusación emitida sin aportar ninguna prueba», acota el director de la FLIP, miembro consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A su vez, mientras el presidente de Colombia se encontraba firmando acuerdos para la transición energética en Alemania, la misma revista publicó este 15 de junio un nuevo reporte sobre que presuntamente Petro mantendría guardados 3.000 millones de pesos de fuentes no conocidas, sin dar tampoco ninguna prueba de ello y amparándose en «una fuente anónima». Una publicación que ha elevado las tensiones a niveles insospechados en Colombia.

Uno de los puntos en los que se enciende el debate sobre los ataques a la prensa y el abuso, sea real o presunto, por parte de algunos periodistas y medios es la fuente de sus informaciones.

En las democracias el secreto profesional es inviolable, trátese de un médico, abogado, sacerdote o periodista. «La reserva de la fuente está garantizada por la Constitución colombiana, pero le confiere a periodistas y medios una responsabilidad social con la información que divulgan. Eso implica que tienen el deber de contrastar la información que reciban, de confrontarla, confirmarla y verificarla», precisa el exmagistrado Hernández y recuerda que la información falsa no solo puede dañar la reputación de una persona, sino la democracia misma.

Si bien tenemos el derecho a expresar nuestras opiniones, que pueden ser subjetivas, el derecho a la información conlleva, por ley, el deber de ser objetivos. «La Corte Constitucional colombiana estipula que el derecho a la información tiene doble vía, o sea tanto derecho tiene quien informa, ya sea un periodista o un medio, como el receptor de la información -sea un lector, televidente o radioescucha- tiene el derecho a que esa información sea veraz e imparcial», precisa el profesor Hernández.

Ante los ataques de parte y parte en Colombia, pareciera aún necesario aclarar que así el Gobierno como los medios y ciudadanos tienen que respetar tanto la libertad de expresión como el derecho a la información. Una responsabilidad que el otrora presidente de la Corte Constitucional ve especialmente en los periodistas mismos, que «deben respetar la ética profesional. O sea no presentar opiniones como hechos. Y no utilizar su libertad de expresión para manipular la información en determinada manera».

«La manipulación de la información», concluye el reconocido constitucionalista José Gregorio Hernández Galindo, «desvirtúa la misma información, perjudicando el periodismo, a los ciudadanos en general, y la democracia».

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