Corría el año 2019. Escasos cinco meses después de asumir el poder, el expresidente Jair Bolsonaro participó en un evento en Río de Janeiro. “Ese Estado merece tener un Cancún. Y podemos tenerlo. Ya estamos trabajando por la región de Angra (localidad del litoral de Río). Depende de un decreto presidencial”, afirmó en su momento. La ciudad mexicana utilizada como referencia cuenta con resorts de lujo y recibe cerca de 33 millones de visitantes por año, pero, al mismo tiempo, enfrenta desafíos medioambientales por causa del turismo de masas, como la importante reducción de la barrera coralina.
Bolsonaro aprovechó el evento en Río de Janeiro en 2019 para criticar la Estación Ecológica Tamoios, por la que fue multado debido a la pesca ilegal en un área protegida. Se trata de un conjunto de islas que también sirve como refugio para animales marinos y como laboratorio natural, y que ha utilizado en más de 130 investigaciones en los últimos 11 años. El exmandatario afirmó que la estación ecológica “es demasiado y no conserva absolutamente nada”. Para él, el turismo podría aportar centenas de millones de dólares al año a toda la región.
Cinco años después, su hijo Flávio Bolsonaro es relator en el Senado de una polémica propuesta de ley que, según sus defensores, puede multiplicar exponencialmente el potencial turístico de Brasil y su recaudación para el Estado y, según sus detractores, conduciría a la privatización de las playas. La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) pretende arrebatar a la Unión Federal la propiedad exclusiva de las llamadas tierras marinas.
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Las zonas costeras, actualmente en discusión en el Senado, corresponden a una franja que comienza 33 metros después del punto más alto que alcanza la marea. Es decir, estos terrenos corresponden a un área más alejada de la orilla, donde generalmente se ubican los hoteles y los bares, pero no abarcan las playas y el mar, es decir, la zona generalmente frecuentada por bañistas. Según la legislación actual, la Unión Federal es propietaria de los terrenos marinos y puede permitir que personas y empresas los utilicen e incluso los transmitan a sus herederos. Para ello, tienen que pagar impuestos específicos.
El texto discutido en el Senado prevé la autorización para la venta de estos terrenos a empresas y personas físicas que ya estén ocupando la zona. Según la propuesta de ley, sólo quedarían en manos del Gobierno central las zonas aún no ocupadas y los lugares donde se prestan servicios públicos como puertos y aeropuertos. Los ríos y lagos influenciados por las mareas siguen las mismas reglas.
Según datos del Ministerio de Gestión e Innovación, hay cerca de 564.000 propiedades registradas en terrenos marinos. En 2023, el Gobierno federal recaudó 208 millones de dólares en concepto de impuestos. Fuente del Ministerio estiman que ese valor podría ser cinco veces mayor, alcanzando casi tres millones de edificios en zonas cercanas al mar. El 20% de estos valores son transferidos a los municipios.
Técnicamente, el documento discutido en el Senado no habla explícitamente de privatizar las playas. Sin embargo, para la directora de Gestión Oceánica y Costera del Ministerio de Medio Ambiente, Ana Paula Prates, el proyecto abre un resquicio para “privatizar el acceso a la playa, y no la playa en sí”.
Dicho de otra forma, hoteles, resorts o quioscos podrían cercar parte de la playa e impedir el acceso libre de los bañistas a la parte que, por ley, seguiría en las manos de la Unión Federal. Es lo que acontece por ejemplo en Italia, donde las empresas privadas, con franjas de playa en concesión, cobran por el uso sus instalaciones y boicotean la permanencia de bañistas en la orilla, algo que en teoría está permitido.
Lo que está en juego es algo muy sagrado para los brasileños. En ciudades como Río de Janeiro, con uno de los niveles de desigualdad más altos del continente, la playa es considerada un ejemplo de democracia e igualdad, donde ricos y pobres conviven en el mismo espacio.
La creación de resorts de lujo convertiría esos lugares públicos en espacios prohibidos para la mayoría de los ciudadanos. Además, si la propuesta es aprobada, se verían afectados también los pescadores y las comunidades tradicionales, que sacan sus medios de subsistencia de las playas marinas o fluviales.
Turismo o medio ambiente ¿y el futuro?
El senador Bolsonaro insiste en que un cambio en la legislación proporcionaría un aumento de la recaudación de impuestos por parte del Gobierno y la creación de empleo en las regiones contempladas.
Brasil tiene 7.000 kilómetros de costa, pero no recibe muchos turistas internacionales. El año pasado, Embratur, órgano oficial de turismo del gigante latinoamericano, contabilizó menos de dos millones de visitantes, una cifra irrisoria para un país de dimensiones continentales, sobre todo se si compara con España, que recibió 85 millones de turistas en 2023. Sólo en Madrid fueron 10,5 millones. Y Francia, que superó los 100 millones de turistas, según el Gobierno francés.
Para defender la propuesta de ley, Flávio Bolsonaro esgrime un argumento peculiar: pone como ejemplo la favela de la Maré, situada en un área paupérrima de Río, y asegura que el Estado podría recaudar impuestos sobre unas 8.300 viviendas, muchas de ellas construidas abusivamente. El problema es que varios expertos del clima insisten en que estas viviendas serán engullidas por el mar en pocos años, debido al calentamiento global y a la subida del nivel de los océanos.
El Panel Mar, una plataforma que reúne a la sociedad civil y a entidades gubernamentales, defiende que no tiene sentido vender lotes que pueden “dejar de existir en el futuro” por la subida del nivel del mar. Datos de la Universidad de São Paulo (USP) muestran que ese aumento ronda los 4 milímetros por año.
Además, un estudio del Ministerio del Medio Ambiente de 2018 revela que hay “un proceso de erosión avanzado en el 40% de la costa brasileña”. “Si no controlamos el efecto invernadero, a finales de siglo el nivel del mar aumentará entre 80 cm y 1 metro”, asegura el científico Carlos Nobre, especialista en calentamiento global. En su opinión, es necesario un plan a largo plazo para retirar a las comunidades ribereñas de las tierras marinas y realojarlas, ya que el aumento de las mareas y las resacas más fuertes son inevitables.
El citado estudio de la USP hace hincapié en otro aspecto: la protección de manglares y restingas, que ayudan a combatir el cambio climático, ya que esas áreas funcionan como una barrera natural. Es gracias a esta vegetación que se pueden mitigar eventos climáticos extremos como el que acaba de devastar Rio Grande do Sul, según la mayoría de la comunidad científica.
Curiosamente, esta propuesta de reforma constitucional, presentada en 2011 y aprobada por la Cámara en 2022, ha ganado la atención de los brasileños gracias a una polémica entre el futbolista Neymar y la actriz Laura Piovani. Por un lado, Neymar está apoyando la construcción de un megaproyecto edilicio en la costa de Pernambuco y Alagoas, en el noroeste del país.
Por otro, el 30 de mayo, cuando la Comisión de Constitución y Justicia del Senado empezó a analizar la propuesta de reforma constitucional, Luana Piovani lanzó una campaña en las redes sociales con el fin de presionar a los senadores en contra del cambio del marco legal.
En esta ocasión, Piovani arremetió contra el jugador y lo tildó de “pésimo ciudadano”, sacando a colación sus traiciones conyugales. Neymar le respondió con igual virulencia, llamando a la actriz de “loca” y de vieja. La polémica está servida.
Tras la repercusión negativa de la pelea de famosos, Flávio Bolsonaro ha afirmado públicamente que pedirá un cambio en el texto de la Propuesta de Enmienda a la Constitución para incluir de forma explícita que las áreas del frente marítimo común no serán privatizadas, en un intento de conseguir el apoyo de los parlamentarios. “No estamos ofreciendo ningún negocio inmobiliario a nadie, no estamos autorizando la privatización de ninguna playa. Absolutamente nada”, afirmó el senador.
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En medio de la polémica, el exdiputado federal por Pará y autor de la “PEC de las Playas” en la Cámara de Diputados, Arnaldo Jordy, recurrió a las redes sociales para defender el texto. En un vídeo, Jordy afirma que la “narrativa” sobre la privatización de las playas es una “distorsión infundada del texto, ya que el objetivo de la reforma es, en sus palabras, acercar al ciudadano el control de los llamados territorios marinos.
El presidente de la Cámara, Arthur Lira, ha expresado una opinión parecida. “El texto es bastante diferente de esta pequeña narrativa de decir que las playas serán privatizadas, que el medio ambiente se verá amenazado y que la seguridad nacional se verá amenazada. Es lamentable que abordemos de esta manera la importancia de una Propuesta de Enmienda Constitucional de esta relevancia”, dijo.
Mientras tanto, los ambientalistas ya están en pie de guerra y argumentan que, sin la protección de una legislación federal uniforme para todo el país, puede existir el riesgo de que grandes proyectos que ocupen áreas enteras frente a tramos de playa, obtengan autorizaciones municipales para cerrar el acceso a las playas o suprimir los bancos de arena con mayor facilidad.
Suelly Araújo, del Observatorio del Clima, identifica en el proyecto un «gran lobby» para el sector turístico balneario. Según ella, el trabajo de las personas que venden productos en la playa, en puestos y quioscos, se verá amenazado con la creación de zonas privadas.
