-Una medida conservadora con efectos progresistas-
Por Luis Rodríguez Salcedo
El 6 de noviembre de 1986, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA), una legislación histórica que legalizó a unos tres millones de inmigrantes indocumentados. Casi cuatro décadas después, esa sigue siendo la última gran amnistía migratoria aprobada en el país norteamericano.
La decisión, impulsada por uno de los líderes republicanos más emblemáticos del siglo XX, sorprendió a muchos por provenir de un gobierno conservador. Sin embargo, Reagan, con su experiencia como exgobernador de California, había comprendido la importancia económica y social de la mano de obra migrante, especialmente la mexicana.
La IRCA fue presentada como una ley equilibrada que atacaba la inmigración ilegal desde tres frentes: La legalización de ciertos indocumentados; sanciones a empleadores que contrataran trabajadores sin papeles; y reforzamiento de la vigilancia fronteriza, especialmente con México.
Aunque se evitó deliberadamente usar la palabra “amnistía”, el espíritu de la ley buscaba integrar a millones de personas que ya vivían en las sombras, otorgándoles derechos laborales, acceso a servicios y la posibilidad de aspirar a la ciudadanía.
Las consecuencias de esta regularización fueron notablemente positivas para la economía estadounidense. En pocos años, los salarios de los migrantes legalizados aumentaron entre un 15% y un 17%. Además, muchos comenzaron a estudiar inglés, mejorar su educación, cambiar a trabajos mejor remunerados, comprar viviendas y fundar pequeños negocios.
Un estudio del American Immigration Council reveló que, entre 1990 y 2006, estos inmigrantes mejoraron en educación, salieron de la pobreza y ascendieron en el mercado laboral. A diferencia de los temores expresados en su momento, la legalización no desplazó a trabajadores nativos, sino que generó un “boom” económico en muchas comunidades pobres y rurales.
No obstante, el éxito económico de la IRCA no evitó que fracasara en su objetivo principal: frenar la inmigración ilegal. Si bien durante 15 años la cifra de indocumentados se mantuvo controlada, para 2022 ya se estimaba en más de 12 millones el número de personas sin papeles en Estados Unidos, más del doble de los que había en 1986.
La causa principal: la ley no creó canales legales suficientes para la migración laboral futura, especialmente en sectores de baja cualificación. Además, el componente sancionador de la IRCA, orientado a los empleadores, nunca se aplicó con rigor. Informes oficiales revelaron desde 1990 una disminución en los recursos destinados a vigilar el cumplimiento por parte de las empresas. El poder político y económico de los empleadores pesó más que la letra de la ley.
A pesar del tiempo transcurrido, Estados Unidos no ha logrado una reforma migratoria integral desde entonces. Mientras tanto, las comunidades migrantes continúan creciendo, trabajando, y esperando una solución legal definitiva.
La historia de la IRCA es una lección de cómo una medida de inclusión y justicia puede beneficiar tanto a los migrantes como al país receptor. También muestra que sin voluntad política sostenida y aplicación equitativa de las leyes, las reformas se diluyen.
Casi 40 años después, la amnistía de Reagan sigue siendo un referente, tanto para quienes sueñan con una nueva legalización, como para quienes reconocen que, a veces, el pragmatismo económico puede abrir puertas donde el discurso ideológico construye muros.
Referencia: Artículo de Angel Bermudez publicado en BBC News Mundo
