La madrugada de este martes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional cerró un capítulo que parecía sacado de un manual de realismo mágico militar y político, dictando 20 años de prisión para el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza.
A las tres de la mañana, cuando la ciudad dormía bajo el sofoco habitual, la justicia dominicana firmaba una sentencia histórica que desmantela el pomposo entramado de los casos Coral y Coral 5G.
La caída de Adán Cáceres, el hombre que una vez susurró al oído del poder como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), no es poca cosa. Junto a Torres Robiou (exdirector del Cestur) y el estratega financiero Núñez de Aza, el tribunal los encontró culpables de un catálogo de delitos que se lee como un inventario del descaro:
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Asociación de malhechores y prevaricación.
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Desfalco masivo y enriquecimiento ilícito.
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Incremento patrimonial injustificado, agravado por el peso de sus uniformes y funciones públicas.
El tribunal no solo dictó prisión. La condena incluye el decomiso a favor del Estado de más de 120 bienes inmuebles, vehículos de lujo, embarcaciones y cuentas bancarias, además del pago de una indemnización que busca arañar de vuelta los miles de millones de pesos sustraídos de los fondos públicos a través de nóminas búnker, raciones ficticias y compras amañadas.
Como era de esperarse, la sentencia de madrugada encendió el avispero digital. En las redacciones y en el ecosistema indomable de las redes sociales, el tono oscila entre la catarsis y la consabida suspicacia dominicana.
Muchos celebran que, por fin, se rompe el mito de la intocabilidad de los altos mandos militares. En los foros de los principales diarios nacionales, los comentarios repiten el mismo eco: «Se hizo justicia». Se destaca el valor de las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes al sostener una lectura de sentencia maratónica que culminó al alba, un reflejo del peso de un expediente que el Ministerio Público blindó con miles de pruebas.
En las redes no ha pasado desapercido el desplome del perfil piadoso que rodeaba a Cáceres. Aquellas reuniones de oración y la estrecha vinculación con la pastora Rossy Guzmán (también procesada en el caso) son hoy el blanco de la ironía popular. El ingenio dominicano se ha servido con cuchara grande recordando cómo se camufló el diezmo de la corrupción bajo el manto de la fe.
Pero el aire al estilo TeclaLibre exige mirar la costura fina. El comentario que corre como pólvora entre los analistas más agudos y los usuarios más escépticos apunta hacia arriba. La pregunta que flota en el ambiente es obligatoria: ¿Puede un entramado militar de esta magnitud operar en el corazón del Palacio Nacional a espaldas de la máxima autoridad de ese cuatrienio? El debate en las plataformas digitales ya no es si Cáceres es culpable, sino si esta condena es el techo de la investigación o apenas una estación de transferencia.
El Apunte: Mientras los abogados defensores ya afilan los argumentos para la apelación tildando el fallo de «político», el ciudadano de a pie asiste al espectáculo con una mezcla de asombro y desconfianza histórica. El Estado recupera terreno, los uniformes pierden el brillo de la impunidad, pero el escepticismo nacional —ese que se cultiva con café amargo por las mañanas— se queda esperando a ver si el hilo se sigue desenredando o si la tijera se queda ahí.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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