-Noti-análisis TeclaLibre-
En una declaración que ha generado sorpresa en algunos sectores políticos y satisfacción en otros, el expresidente dominicano Leonel Fernández defendió públicamente las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que todo Estado soberano tiene derecho a deportar a quienes se encuentren en situación migratoria irregular.
La frase que ha recorrido los medios internacionales fue contundente:
“Si tenemos migrantes que han ingresado al territorio nacional en condición ilegal, pues tenemos el derecho a la deportación”.
La declaración fue ofrecida a la agencia EFE durante una visita a Madrid, donde Fernández participó en actividades académicas y geopolíticas vinculadas a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
¿Qué hay detrás de esta postura?
Aquí es donde el asunto se vuelve interesante.
Durante décadas, el discurso político latinoamericano asoció las políticas de deportación masiva con sectores conservadores, nacionalistas o de derecha. Sin embargo, la crisis haitiana ha producido un fenómeno peculiar en República Dominicana: ha logrado unir, al menos parcialmente, a sectores ideológicamente opuestos alrededor del tema migratorio.
Fernández, identificado históricamente con posiciones de centroizquierda, terminó defendiendo un principio que Trump ha convertido en bandera política: el control estricto de las fronteras y la expulsión de inmigrantes ilegales.
Lo curioso es que ya no se trata solamente de una posición del gobierno de Luis Abinader. La oposición principal parece compartir gran parte del diagnóstico.
En otras palabras: en materia haitiana, la frontera política dominicana se ha movido.
La realidad impone sus propias ideologías
La explicación quizás no esté en Trump ni en Leonel.
Está en Haití.
La vecina nación vive desde hace años una combinación explosiva de colapso institucional, control territorial de bandas armadas, crisis humanitaria y ausencia efectiva de gobierno central.
Fernández sostuvo que el vacío de poder haitiano representa un riesgo para la seguridad nacional dominicana y justificó la adopción de medidas extraordinarias para enfrentar esa situación.
Y aquí aparece una pregunta incómoda:
¿Puede un Estado permitir una inmigración masiva e irregular cuando el país de origen prácticamente ha dejado de funcionar como Estado?
Para una parte creciente de la sociedad dominicana, la respuesta es no.
El detalle que muchos pasan por alto
Fernández respaldó el derecho a deportar, pero introdujo una condición importante: que las deportaciones se realicen respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas.
Esa precisión intenta colocar distancia entre el concepto de soberanía migratoria y los excesos que organizaciones internacionales han denunciado tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.
El mensaje parece ser:
Sí a la deportación. No al abuso.
Pero en la práctica, la línea que separa ambas cosas suele ser objeto de fuertes controversias.
El fenómeno político que pocos anticiparon
Hace apenas diez años habría resultado difícil imaginar a Leonel Fernández defendiendo públicamente una política asociada a Trump.
Sin embargo, la presión migratoria haitiana ha alterado el tablero político dominicano.
Hoy resulta complicado encontrar figuras relevantes del espectro político nacional que defiendan una política de fronteras abiertas.
El debate ya no gira alrededor de si debe haber controles migratorios.
La discusión se concentra en cuánto control, cómo aplicarlo y cuáles son los límites humanitarios de esas medidas.
La lectura TeclaLibre
La declaración de Leonel tiene una importancia que va más allá de la migración.
Representa una señal de que el tema haitiano ha dejado de ser un asunto partidario para convertirse en una cuestión de consenso nacional.
Cuando un dirigente de centroizquierda termina utilizando argumentos similares a los de Trump en materia migratoria, no necesariamente significa que haya cambiado de ideología.
Puede significar algo más profundo:
Que la realidad ha comenzado a imponerse sobre los discursos.
Y en política, cuando la realidad derrota a la ideología, suelen producirse los cambios más trascendentales.
La pregunta ahora no es si República Dominicana continuará deportando inmigrantes ilegales.
La pregunta es si el país podrá hacerlo preservando simultáneamente la seguridad nacional, la estabilidad social y el respeto a los derechos humanos.
Ahí es donde comienza el verdadero desafío.
Porque una frontera puede cerrarse con decretos.
Pero una crisis regional de la magnitud haitiana no se resuelve únicamente con deportaciones.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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