En 2021, esfuerzos bipartidistas lograron establecer por primera vez el programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Venezuela. Ya por entonces estaba claro, como lo está hoy, que no es seguro para los venezolanos regresar a un país acosado por la inestabilidad política, hambruna, violencia y ahora también la devastación generalizada resultante de los terremotos más potentes en sacudir al país en más de un siglo.
Pedimos al presidente Donald Trump que haga lo correcto y autorice el mecanismo de Salida Obligatoria Diferida (Deferred Enforced Departure), o que vuelva a designar TPS para que miles de venezolanos puedan permanecer con sus familias y seguir contribuyendo de forma significativa a nuestras comunidades.
Para los más de 17.000 neoyorquinos venezolanos con fuertes vínculos a la región, esta tragedia es algo muy cercano.
En cuanto las noticias de la tragedia empezaron a circular, los neoyorquinos pasaron rápidamente a la acción. En cuestión de horas, Ivo Diaz, el dueño de un restaurante llamado Lulla en Williamsburg, transformó su establecimiento en un punto de donaciones y movilizó a voluntarios para empaquetar comida, medicinas y otros artículos de primera necesidad. La Hispanic Federation lanzó Ayuda a los Pueblos: Venezuela Disaster Relief en apoyo a Aid for Life, un grupo radicado en Nueva York que trabaja sobre el terreno para conseguir los suministros necesarios para esfuerzos críticos de recuperación.
Estos voluntarios están entre los muchos neoyorquinos que han metabolizado su dolor en acción mientras aguardan noticias de sus padres, hijos, hermanos y demás seres queridos, para saber si siguen vivos entre las ruinas.
Desde que los terremotos golpearon la zona hace un mes, miles de personas han sido dadas por muertas, mientras que decenas de miles siguen desaparecidas.
Entre estas últimas se encuentran 146 personas que iban a bordo de un vuelo de deportación y que aterrizaron tan solo unas horas antes de los terremotos. Sus familiares siguen buscando respuestas para saber si sus seres queridos estaban en el vuelo 164 y, en caso afirmativo, si consiguieron ponerse a salvo, con el inimaginable dolor de una doble pérdida en cuestión de horas: primero por la deportación y después por el desastre natural.
Incluso antes de los seísmos, Venezuela ya se enfrentaba a múltiples crisis concomitantes. Años de represión política y colapso económico bajo el gobierno autoritario de Nicolás Maduro habían diezmado los sistemas de alimentación y agua, dañado la infraestructura pública y empujado los sistemas públicos de salud hasta el límite.
Estas pésimas condiciones son lo que llevó a la migración forzada de casi ocho millones de personas —el 25% de la población de Venezuela— desde que Maduro tomó posesión en 2013.
Es una falta de humanidad obligar a los venezolanos con TPS, que han criado a sus familias aquí, que han establecido negocios y que se han convertido en miembros indispensables de nuestra comunidad, a que regresen a una zona devastada donde las condiciones de vida son ahora más peligrosas que las que les empujaron a emigrar en su día. Nuestro propio Departamento de Estado ha publicado avisos recomendando a la gente que no viaje a Venezuela debido a los riesgos para la seguridad personal.
El TPS existe para momentos como este: para proteger a las personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen. En un momento en que la incertidumbre política y una catástrofe natural han sumido a millones de venezolanos en una situación de inseguridad, el Gobierno federal de Estados Unidos debe seguir sus propios consejos, detener las deportaciones en curso y volver a designar TPS para Venezuela.
En la ciudad de Nueva York, dos tercios de los residentes son inmigrantes de primera o segunda generación. A lo largo de la historia, generaciones de inmigrantes, incluidas nuestras propias familias, han venido a Estados Unidos en busca de seguridad, oportunidades y la posibilidad de construir un futuro mejor. En ese proceso, han reforzado nuestra economía y enriquecido nuestra cultura, convirtiendo a la ciudad de Nueva York en la potencia global que es hoy en día.
En conjunto, los beneficiarios de TPS contribuyen con 29.000 millones de dólares al año a la economía estadounidense, y los venezolanos con TPS representan la impresionante cifra de 5.800 millones. Ellos cuidan de nuestros seres queridos, ponen comida en nuestras mesas y construyen las carreteras que nos conectan.
Permitir que el TPS expire solo ahondará la carencia de trabajadores en el mercado laboral, intensificará la presión sobre nuestro sistema de salud y creará inestabilidad para nuestras familias, empleadores y comunidades.
Más allá de las importantes consecuencias laborales y económicas para nuestro país, nuestra llamada para restablecer el TPS tiene que ver con asegurar la dignidad y la humanidad de todos por igual. Retirar los permisos de trabajo y las vías estables a la inmigración empuja a la gente a las sombras y aumenta el riesgo de explotación en poblaciones que ya son vulnerables de por sí.
Deberíamos estar creando vías de acceso a mayor seguridad para gente que ha aportado tanto a nuestra ciudad y a nuestro país, en lugar de forzarlos hacia una situación de incertidumbre e inestabilidad. El presidente Trump debe restablecer la designación TPS o autorizar el programa de Salida Obligatoria Diferida para los venezolanos.
Se lo debemos a los demás, y a nosotros mismos, estar a la altura de nuestros valores como nación, y asegurarnos de que los inmigrantes —tan centrales a nuestra historia— puedan seguir ayudándonos a escribir nuestro futuro.
