Análisis de la Operación Cobra 2.0-A: cómo una red de médicos, farmacias y exempleados orquestó un desfalco histórico contra el Seguro Nacional de Salud.
La voracidad no conoce el juramento hipocrático. Lo que las autoridades han denominado la Operación Cobra 2.0-A no es simplemente otro expediente de corrupción administrativa; es la radiografía de un sistema sanitario carcomido desde sus cimientos. Con un desfalco que baila entre los 15,000 y 16,000 millones de pesos, el caso SeNaSa 2.0 revela cómo el presupuesto destinado a la salud de los dominicanos terminó financiando los lujos de una estructura criminal con título universitario.
El golpe asestado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) la madrugada del 18 de septiembre dejó un saldo inicial de 28 apresados tras 37 allanamientos simultáneos. Pero más allá de los números, lo que estremece a la opinión pública es la identidad de los protagonistas. No hablamos de rateros de poca monta, sino de cirujanos, ortopedas y altos ejecutivos del sector farmacéutico que, bisturí y sello en mano, desangraron al Estado.
Entre los caídos en esta redada figura Gabriel Ravelo, ex subdirector del emblemático Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, quien encabeza una lista de especialistas vinculados al Servicio Nacional de Salud (SNS). Nombres como Einstein Borromé Vásquez, Juan Henry Poueriet, y una veintena de profesionales de la medicina pasaron de las salas de cirugía a las celdas de detención. Y la telaraña no termina en los consultorios.
Médicos y Especialistas Apresados
Aunque el Ministerio Público manejó las identidades con reserva inicial, los expedientes y representantes legales han revelado a gran parte de los implicados. Se trata, en su mayoría, de ortopedas, cirujanos y médicos vinculados al Servicio Nacional de Salud (SNS).
Entre los principales nombres figuran:
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Gabriel Ravelo: Ex subdirector del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.
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Einstein R. Borromé Vásquez
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Juan Henry Poueriet
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Hanna Rashell Rodríguez Almánzar
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Luz Esther Reyes Durán de Ramírez
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Edwin Alberto Batista Cruz
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José Luís Díaz Hernández
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Griselda A. Basora Ramírez
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Juan G. Rodríguez Ravelo
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Martha M. Saldaña Saldaña
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Elsa E. De La Rosa Vásquez
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Engels F. Díaz Mendoza
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Keila B. Acosta Leonardo
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Laura A. Santana Evangelista
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Víctor F. Rodríguez García
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Wellington A. Ledesma Cáceres
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Wander M. Díaz Encarnación
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Yocaira A. Méndez Beltré
También figuran en las órdenes de allanamiento vinculadas al caso: Rafael Messon Manzueta, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez.
La PEPCA ha tocado las puertas del intocable sector farmacéutico, apresando a ejecutivos de dos gigantescas cadenas de farmacias a nivel nacional, cuyos nombres el Ministerio Público aún resguarda con celo bajo el hermetismo de la medida de coerción, pero que ya resuenan en los pasillos del rumor público.
El modus operandi descrito en las 525 páginas del expediente acusatorio es una mezcla de audacia criminal y cinismo descarado. La red no se conformaba con inflar precios. Fueron más allá: estructuraron un sistema de facturación fantasma tan chapucero y voraz que llegaron a cobrarle al Seguro Nacional de Salud por consultas de ginecología realizadas supuestamente a pacientes masculinos.
Con la complicidad de empleados internos de SeNaSa —quienes cobraban sobornos para hacer la vista gorda en las auditorías—, la mafia identificaba a los afiliados que rara vez usaban su seguro. Usando estos perfiles como escudos, falsificaban firmas e inventaban diagnósticos. El descaro llegó al punto de que los peritajes del Inacif han demostrado que muchos de los «pacientes» operados o consultados estaban en sus lugares de trabajo, o incluso fuera del país, el día en que supuestamente pasaban por el quirófano.
Pero quizás el capítulo más macabro de esta crónica sea la profanación de los espacios destinados al dolor más humano. Según la investigación, la red utilizó las habitaciones y quirófanos del Instituto Oncológico Regional del Cibao, un santuario para pacientes de cáncer, como su clínica privada para realizar cirugías estéticas clandestinas y traficar con medicamentos de alto costo que, en origen, habían sido donados.
Para borrar sus huellas, la estructura criminal recurrió al sabotaje digital, alterando y destruyendo archivos en los servidores de la institución, intentando ocultar una doble facturación masiva al Estado dominicano y el contrabando de fármacos amparado en exoneraciones fiscales.
Hoy, la PEPCA pide la declaratoria de caso complejo, acusándolos de estafa, desfalco, falsificación, prevaricación, asociación de malhechores y lavado de activos. Queda por ver si, en los tribunales, esta mafia de bata blanca encontrará la misma impunidad con la que operaba en los quirófanos, o si el bisturí de la justicia logrará, por fin, extirpar este tumor que le ha costado miles de millones al pueblo dominicano.
-La redacción de TeclaLibre-
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