Un análisis sobre la Ley 98-25 que restringe la importación y comercialización de plásticos de un solo uso y envases de foam en la República Dominicana. Entre el aplauso ambientalista y la presión económica sobre las MIPYMES y la comida popular, examinamos los plazos de la norma, los retos de fiscalización y el verdadero impacto de esta transición en el país.
El Desafío de la Ley 98-25 en República Dominicana
Por la Redacción de TeclaLibre
La conversación sobre el medio ambiente en la República Dominicana ha dejado de ser una simple proclama teórica para convertirse en un cronómetro regulatorio. Con la entrada en vigor de la Ley 98-25 —que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-20—, el país intenta frenar la marea de plásticos de un solo uso y poliestireno expandido, conocido en la cotidianidad dominicana simplemente como foam.
Sin embargo, la distancia entre el texto legal y la vida diaria del mercado nacional plantea interrogantes sobre el verdadero impacto económico, la capacidad real de fiscalización y las transformaciones de consumo que se aproximan.
El pulso de la opinión pública: entre el aplauso ecológico y el golpe al bolsillo
El debate generado por la Ley 98-25 ha resonado de forma diferenciada en los distintos espacios de comunicación del país. En la prensa escrita y digital de corte económico, la atención se ha concentrado en el costo financiero del reajuste industrial. Las empresas transformadoras e importadoras de empaques advierten sobre la presión logística y los montos de inversión necesarios para migrar hacia insumos biodegradables, almidón de maíz o fécula de yuca, mientras abogan por esquemas aduaneros ágiles y certeza sobre la liquidación de inventarios existentes.
En el territorio de las redes sociales como X e Instagram, el choque conceptual es aún más explícito. Por un lado, las colectividades ambientalistas celebran que la ley ponga plazos concretos para frenar la acumulación de desechos en las cuencas de los ríos Ozama e Isabela y en las costas turísticas. Por otro lado, la conversación popular expresa inquietud por la economía del día a día. Para el pequeño comerciante de colmado, el puesto de empanadas o el negocio de comida rápida, el vaso o el envase de foam ha sido históricamente la opción más económica del mercado. Su sustitución forzosa amenaza con encarecer la logística de entrega y, por efecto cascada, trasladar el costo directo al plato del consumidor.
En el ámbito de los pódcasts y programas de análisis político, la discusión trasciende la ecología básica para abordar la institucionalidad. Diversos analistas destacan que el problema central de la legislación ambiental dominicana nunca ha sido la redacción de las normas, sino la capacidad fiscalizadora del Estado en un mercado caracterizado por una alta informalidad.
Un calendario con fechas críticas de cumplimiento
La estructura de la reforma legal impone plazos diferenciados para restringir paulatinamente la entrada y circulación de estos materiales en la economía dominicana:
A los sesenta días de la promulgación de la ley, el filtro principal se coloca en la frontera marítima y terrestre. Queda restringida la importación de sorbetes, cubiertos y tapas plásticas, así como envases de foam que no cuenten con las certificaciones de aditivos biodegradables expedidas o avaladas por las autoridades correspondientes.
En el plazo de doce meses, la prohibición se traslada de las aduanas a los anaqueles y mostradores. Quedará prohibida la comercialización directa de utensilios plásticos tradicionales y se impondrá la restricción de regalar fundas plásticas de un solo uso en establecimientos comerciales. Las tiendas, supermercados y farmacias deberán cobrar por ellas o promover de forma exclusiva el uso de bolsas reutilizables.
Para las industrias de fabricación nacional de platos y bandejas de foam, la normativa fija una ventana no mayor a veinticuatro meses. En este período, los productores locales están obligados a transformar sus fórmulas industriales e integrar aditivos o materiales sustitutos certificados que garanticen la degradación efectiva del producto.
El análisis TeclaLibre: donde la norma choca con la costumbre
La Ley 98-25 representa un paso legal indiscutible hacia la modernización de la gestión de residuos en República Dominicana, pero su éxito no dependerá de la severidad del régimen sancionador —que prevé multas elevadas e incluso cierres de operaciones—, sino de la coherencia del ecosistema de soporte que el Estado garantice.
El primer obstáculo es el diferencial de precio entre el poliestireno tradicional y sus alternativas ecológicas. Mientras los empaques biodegradables mantengan costos sensiblemente superiores sin incentivos arancelarios que equilibren la balanza, la normativa operará en la práctica como un gravamen no declarado sobre el comercio minorista de alimentos.
El segundo reto radica en el control del comercio informal. Detener un contenedor en las aduanas de Haina o Caucedo es un procedimiento estandarizado; fiscalizar la venta y uso de empaques en los mercados de abasto, frituras y colmados informales de las provincias requiere una estructura de inspección con la que las alcaldías y el Ministerio de Medio Ambiente aún no cuentan plenamente.
Finalmente, eliminar el foam de los empaques de alimentos no resolverá la crisis de los vertederos a cielo abierto si el país no consolida una infraestructura integral de separación en la fuente y reciclaje efectivo. Si un empaque rotulado como biodegradable termina comprimido en la misma montaña de basura inorgánica sin el oxígeno ni la humedad necesarios para compostarse, la ganancia ambiental se diluye.
La prueba definitiva de la Ley 98-25 no se medirá en boletines de prensa ni en inspecciones esporádicas a las grandes cadenas de supermercados. Su verdadero indicador de éxito estará en el caudal de los ríos y en la capacidad de las comunidades dominicanas para adoptar un nuevo modelo de consumo sin asfixiar la economía popular.
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