Entre la solidaridad con Israel, el rechazo a la guerra y las acusaciones de antisemitismo, las comunidades judías discuten quién puede hablar en su nombre. Una controversia donde las palabras también disputan territorio.
Por Luis Rodríguez Salcedo / TeclaLibre
La discusión sobre Israel no termina en las fronteras de Israel. Se sienta a la mesa familiar, entra en las sinagogas, atraviesa universidades y provoca rupturas entre personas que comparten una identidad, pero no necesariamente una interpretación de lo que debe hacerse en su nombre.
Porque ser judío no entrega, junto con la historia familiar, un carné de adhesión a Benjamin Netanyahu. Y defender la existencia de Israel tampoco obliga a justificar cada decisión de sus gobernantes.
Lo interesante es que esta incomodidad aparece descrita desde un centro israelí dedicado a estudiar la seguridad nacional.
Un informe del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional —INSS—, publicado el 10 de octubre de 2026, advierte que el conflicto israelí-palestino está dividiendo a comunidades judías de la diáspora y dificultando su defensa pública de Israel. El trabajo recoge conversaciones con dirigentes comunitarios de varios países; sus testimonios son anónimos y no constituyen una encuesta representativa. Pero revelan preocupaciones que merecen escucharse.
Una identidad, muchas posiciones
Las diferencias también aparecen en los datos.
Una encuesta de AP-NORC, realizada en junio de 2026, encontró que el 52 % de los judíos estadounidenses con afiliación religiosa consideraba justificadas las operaciones israelíes en Gaza, frente al 21 % de los judíos seculares. El estudio entrevistó a 1,022 adultos judíos, con un margen de error de cinco puntos porcentuales para ese grupo.
Las cifras no autorizan a convertir a una comunidad diversa en dos bandos uniformes. Sí desmontan la cómoda costumbre de hablar de «los judíos» como si millones de personas pensaran con una sola cabeza.
Ahí comienza el problema político: cuando un Gobierno presenta sus decisiones como expresión de una identidad colectiva, disentir puede parecer una deslealtad. Y quien reclama explicaciones por la conducta de un ejército termina obligado a explicar primero su relación con todo un pueblo.
Una conveniente mudanza del interrogatorio.
Sionismo: una palabra que exige apellido
Para discutir con seriedad hay que precisar los términos.
El sionismo, como movimiento histórico por un hogar nacional y un Estado para el pueblo judío, ha reunido corrientes distintas. Hoy, quien se declara sionista puede estar defendiendo la existencia de Israel sin respaldar la ocupación, los asentamientos o a Netanyahu.
El antisionismo también exige explicación: puede expresar oposición al modelo de Estado judío o proponer otra organización política del territorio. No basta colocar la etiqueta para conocer qué derechos, instituciones y garantías defiende quien la utiliza.
Por eso, criticar a Netanyahu no convierte automáticamente a nadie en antisionista. Y declararse antisionista tampoco concede inmunidad frente al examen de las propias palabras.
¿Elegidos para qué?
Hay, además, una pregunta que atraviesa la discusión desde el terreno religioso: si Dios es padre de toda la humanidad, ¿por qué habría de elegir a un pueblo por encima de los demás?
La pregunta merece algo más que una consigna. En la tradición bíblica, la elección de Israel se vincula con una alianza, unas obligaciones y una responsabilidad ante Dios. Interpretarla como superioridad humana o autorización para dominar a otros pueblos supone un salto que exige justificación.
El propio Deuteronomio advierte que esa elección no obedecía a la grandeza numérica de Israel (7:7-8). Y el profeta Amós convierte la relación especial con Dios en una exigencia mayor de rendición de cuentas: precisamente por esa cercanía, Israel responderá por sus faltas (3:2). La elección aparece así como responsabilidad, no como impunidad.
Desde una perspectiva cristiana, la cuestión encuentra otra respuesta: Dios no hace acepción de personas, afirma Pedro en los Hechos de los Apóstoles (10:34-35). Y Pablo sostiene que la pertenencia a Cristo reúne a judíos y gentiles en una misma dignidad espiritual (Gálatas 3:28). Esto tampoco autoriza a presentar a los cristianos como superiores ni a despreciar al judaísmo.
Conviene, además, distinguir al Israel de los textos bíblicos del Estado contemporáneo: no basta compartir un nombre para trasladar promesas religiosas a decisiones de gobierno, fronteras o campañas militares.
El filo del debate está justamente ahí: ¿quién puede convertir una interpretación de la voluntad divina en una obligación territorial para quienes no comparten esa fe?
Las creencias merecen libertad y respeto. Las decisiones de un Estado requieren argumentos públicos y deben responder ante el derecho. Ninguna invocación religiosa resuelve por sí sola los derechos de israelíes y palestinos.
Porque, si «pueblo elegido» termina significando «Gobierno exento de rendir cuentas», alguien habrá cambiado la teología por un salvoconducto.
Ni blindaje político ni culpa colectiva
La frontera debe trazarse con hechos y argumentos.
Cuestionar operaciones militares, exigir responsabilidades o defender los derechos palestinos forma parte del debate político. Atribuir maldad a los judíos, responsabilizar a una comunidad por las decisiones israelíes o recurrir a fantasías de conspiración introduce prejuicios antisemitas.
La distinción funciona también en sentido contrario: invocar el antisemitismo no responde por sí solo a una denuncia concreta. Una acusación de discriminación debe examinarse; una denuncia de abusos, también.
El rigor pierde cuando cualquiera de las dos se utiliza para clausurar la otra.
La pregunta, entonces, no es quién posee la identidad judía, sino quién pretende administrarla políticamente. La solidaridad puede convivir con la crítica. La seguridad israelí y los derechos palestinos deben someterse a una discusión que reconozca la humanidad de ambos pueblos.
Netanyahu puede aspirar a dirigir un Gobierno. La conciencia de todo un pueblo es una jurisdicción bastante más discutible.
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