El abogado y catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Jerez depositó otras 27 acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), con las que elevó a 54 las impugnaciones presentadas como parte de su iniciativa para revisar disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano.
Esta segunda etapa fue depositada este miércoles 4 de noviembre y comprende cuestionamientos a leyes orgánicas y ordinarias, reglamentos y otras disposiciones de alcance general que según los argumentos expuestos en las demandas, podrían vulnerar derechos fundamentales o exceder los límites establecidos por la Constitución.
Entre los temas incluidos en las nuevas acciones figuran la pérdida de personalidad jurídica y patrimonio de asociaciones sin fines de lucro, las restricciones al acceso a la información pública, el secreto de inteligencia y su control judicial, así como las garantías de libertad personal frente a la detención migratoria.
También se cuestionan disposiciones relacionadas con los regímenes disciplinarios de servidores públicos, jueces y fiscales, particularmente aquellas que permitirían sanciones por analogía con otras faltas, limitarían la crítica legítima o afectarían la vida privada y la asociación profesional.
En materia de libertad de expresión, las acciones abordan las autorizaciones previas de contenidos radiofónicos, la reserva de las fuentes periodísticas, los límites a la crítica histórica y los requisitos aplicables a publicaciones y sus directores.
Asimismo, incluyen cuestionamientos a la divulgación de domicilios personales de accionistas de medios de comunicación y a la revelación de la identidad de autores por requerimiento del Ministerio Público.
En cuanto a la protección de datos, Jerez impugna disposiciones relativas a la exclusión de determinados datos de contacto profesional del régimen de protección y a las consultas crediticias durante el período legal señalado en las demandas.
Cada una de las 27 instancias identifica las disposiciones cuestionadas, los artículos constitucionales que considera vulnerados y las medidas solicitadas. Según el caso, se procura la nulidad de los contenidos impugnados o una interpretación que permita mantener aquellas aplicaciones compatibles con la Constitución.
La iniciativa, denominada «Depuración constitucional del ordenamiento jurídico dominicano», comenzó con un primer depósito de 27 acciones y alcanza ahora un total de 54. Corresponderá al Tribunal Constitucional decidir sobre la admisibilidad y el fondo de las pretensiones.
Jerez, catedrático de Derecho Constitucional, desarrolla labores de investigación y divulgación jurídica y política enfocadas en los derechos fundamentales, el control del poder y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
