Soberanía en el Aire: La Controversia por los Campamentos de EE. UU. en RD
La confirmación por parte del presidente dominicano, Luis Abinader, sobre el transporte de materiales y equipos estadounidenses para la instalación de campamentos en el Aeropuerto de Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro ha encendido un debate álgido en la República Dominicana, poniendo la cuestión de la soberanía nacional en el centro de la agenda política.
El mandatario justificó estas operaciones, que implican la llegada de aviones de EE. UU. con suministros logísticos, dentro del marco de un acuerdo bilateral suscrito entre ambos gobiernos.
Las autoridades dominicanas describen las operaciones como de carácter técnico y temporal, indicando que buscan el reabastecimiento, el transporte de equipos y una presencia temporal de personal norteamericano para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.
Según Abinader, el convenio permite esta presencia hasta el próximo mes de abril.
Se hace referencia a protocolos firmados previamente en 1995 y 2003 como reguladores del uso de estas zonas delimitadas.
Este despliegue se enmarca en el anuncio realizado el pasado 26 de noviembre durante la visita del secretario de guerra de EE. UU., Pete Hegseth.
Inmediatamente, diversas organizaciones sociales y políticas han expresado su rotundo rechazo, calificando la medida como un precedente peligroso que compromete la autodeterminación del país.
El Frente Amplio Rechazó por considerarlo una «cláusula de soberanía» que permite a una potencia extranjera ocupar espacios estratégicos. Advierte sobre un «precedente gravísimo.»
El Instituto Duartiano Advierte que la presencia de aviones estadounidenses compromete la soberanía nacional. Califica el hecho de «intervención indirecta,» que los acuerdos no pueden justificar.
La Coordinadora Nacional Popular Convoca a una manifestación. Acusa al gobierno de Abinader de no tener mandato constitucional para involucrar a RD en una «guerra de agresión en el Caribe» y de prestarse para violar la Constitución y el derecho internacional.
Un elemento que agrava la controversia es la denuncia de la Coordinadora Nacional Popular. Esta entidad, integrada por partidos y movimientos izquierdistas, sostiene que las zonas aeroportuarias dominicanas están siendo utilizadas como plataforma para supuestas agresiones contra el pueblo venezolano y otras naciones como México y Colombia, bajo la excusa de combatir el narcotráfico.
«Es una vergüenza escandalosa que el gobierno de Luis Abinader se preste para violar la Constitución, la soberanía nacional y el derecho internacional, en un país que como la República Dominicana, ha sido invadido militarmente por el ejército estadounidense en varias ocasiones durante el siglo XX.» dice el documento de la Coordinadora Nacional Popular.
El análisis de la situación se centra en la delgada línea entre la cooperación bilateral y la potencial cesión de espacios estratégicos. Mientras el gobierno defiende la legalidad y la naturaleza técnica de las operaciones, los críticos temen que el acuerdo abra la puerta a una presencia militar encubierta o a la utilización del territorio dominicano para fines que exceden el combate al crimen organizado transnacional.
La historia de intervenciones militares de Estados Unidos en el siglo XX es una cicatriz que persiste en la memoria colectiva dominicana. Para los movimientos de oposición, esta nueva presencia evoca esos fantasmas y se interpreta como un acto de subordinación del gobierno dominicano a los intereses geopolíticos de Washington, poniendo en riesgo la estabilidad regional.
La manifestación convocada para hoy miércoles por la Coordinadora Nacional Popular es un claro indicio de que este debate no se limitará a los despachos oficiales, sino que tomará las calles como escenario para la defensa de la soberanía.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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