A partir de este lunes 20 de abril, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Florida inicia una nueva etapa con la implementación de reglas que buscan transformar los hábitos de compra de sus beneficiarios. El Estado ha restringido el uso de estos fondos para la adquisición de refrescos, dulces y postres ultraprocesados, enfocando los recursos en opciones con mayor valor nutritivo, lo que puede sonar positivo, pero que a la vez puede representar un problema debido a los costos de los alimentos más saludables.
¿Cuáles son los cambios a SNAP?
Los beneficiarios del SNAP en Florida ya no podrán pasar por caja con refrescos, bebidas energéticas, caramelos ni postres ultraprocesados de larga duración. Marcas conocidas como Coca-Cola, Pepsi, Monster o Red Bull, así como dulces de las firmas Hershey’s o Skittles, han quedado fuera del sistema. Incluso productos de consumo masivo como los Twinkies o las galletas Oreo son ahora artículos prohibidos para quienes dependen de esta ayuda.
Sin embargo, la normativa permite ciertas zonas grises que buscan, en teoría, fomentar alternativas menos dañinas. Se mantienen como productos elegibles las bebidas deportivas tipo Gatorade, aguas minerales con gas y jugos con más de un 50% de fruta o bajos en azúcar. De hecho, productos como las barras de granola, las Pop-Tarts y los panes recién horneados de las panaderías de los supermercados seguirán siendo permitidos, lo que ha generado dudas sobre la coherencia nutricional de la lista.
La salud como argumento político
Esta transformación en Florida es la punta de lanza de la iniciativa federal “Make America Healthy Again” (MAHA, Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), un movimiento impulsado por el director del Departamento de Salud, Robert Kennedy Jr., que busca revertir décadas de enfermedades crónicas vinculadas a la dieta.
Florida se convierte así en uno de los 22 Estados que, con el visto bueno de Washington, buscan “alinear el SNAP con su propósito original”. Para los defensores de la ley, el dinero del contribuyente no debe incentivar el consumo de azúcares que colapsan el sistema sanitario.
Críticas
Para las organizaciones de defensa social, la medida es un “micromanejo” de la pobreza que no soluciona el problema de fondo: el precio de la comida sana. Joel Berg, CEO de Hunger Free America, afirmó a Fox 13 que la prohibición es un castigo a la falta de opciones económicas: “No es que los estadounidenses de bajos ingresos no quieran alimentos más saludables; es que no pueden permitírselos. Deberíamos hacer que Estados Unidos vuelva a ser un país más saludable haciendo que los alimentos saludables sean más asequibles, prácticos y fácilmente accesibles. No deberíamos controlar minuciosamente los hábitos alimenticios de los adultos para intentar alcanzar ese objetivo”.
Cindy Huddleston, analista del Florida Policy Institute, dijo a WLRN sobre el cambio: “Culpa a los participantes por algo que está fuera de su control, que es contar con prestaciones suficientes para poder comprar alimentos saludables en cada comida, y lo que se necesita es un aumento de las prestaciones, no buscar formas de dificultarles la compra a las personas”.
El siguiente recorte: del SNAP al programa WIC
La presión sobre las familias se intensifica con el anuncio paralelo de recortes en otros pilares de la asistencia social. Mientras el SNAP restringe los procesados, el gobierno ha propuesto reducir drásticamente el presupuesto para frutas y verduras en el programa WIC, destinado a madres e hijos. Según datos de Hunger Free America, estos recortes podrían retirar 1.400 millones de dólares en beneficios de productos frescos a más de cinco millones de personas.
Esta doble presión —la prohibición de un lado y el encarecimiento del acceso a lo saludable por el otro— pone a los bancos de alimentos locales en una situación crítica. Lorena Hardwick, de Feeding Tampa Bay, afirmó a WUSF que la realidad para muchos será la pérdida de pequeños placeres cotidianos sin una alternativa real en la mesa.
