LA MINERÍA DOMINICANA Y LA RIQUEZA DEL SUBSUELO
Por Carlos Márquez Cabrera /
La historia económica de la minería dominicana plantea una cuestión fundamental: cuánto de la riqueza extraída del subsuelo se convierte en desarrollo sostenible para la población.
Durante siglos, el oro y otros minerales despertaron el interés de inversionistas y potencias extranjeras.
Sin embargo, la minería industrial adquirió una dimensión económica moderna durante el siglo XX, con la explotación de la bauxita en Pedernales, el ferroníquel en Bonao y, posteriormente, el oro de Pueblo Viejo, en Cotuí.
La evolución más reciente confirma la importancia del sector. Según el Ministerio de Energía y Minas, las exportaciones mineras superaron los 2,590 millones de dólares en 2025, un incremento aproximado del 52 % respecto a 2024.
Se trata de un máximo histórico que refleja tanto la actividad productiva como la influencia de los precios internacionales de los metales. Fuente oficial.
El oro ocupa una posición central en este desempeño, acompañado por minerales como el ferroníquel, el cobre, la plata y el zinc.
Estas exportaciones generan divisas, contribuyen a financiar las importaciones y fortalecen la posición externa de la economía dominicana.
Pero el valor exportado no equivale automáticamente a riqueza retenida por el país. Una parte corresponde a los costos de operación, la recuperación de las inversiones y los beneficios empresariales.
La contribución nacional debe medirse mediante los impuestos efectivamente pagados, las regalías, los salarios, las compras a proveedores locales y la inversión que permanece en el territorio.
La renegociación del contrato de Pueblo Viejo en 2013 demostró, precisamente, que la distribución de los beneficios mineros constituye un asunto estratégico para el Estado.
El reto consiste en establecer condiciones que permitan invertir y producir, garantizando al mismo tiempo una participación pública transparente y adecuada.
Existe otra dimensión que no puede ignorarse: el costo ambiental. Los pasivos históricos de la antigua Rosario Dominicana y las controversias sobre nuevos proyectos recuerdan que la extracción puede generar obligaciones que continúan después del cierre de las minas.
Por eso, las garantías ambientales, la protección del agua y los planes de restauración deben formar parte del cálculo económico desde el comienzo.
La minería dominicana necesita, además, mayores encadenamientos productivos.
Desarrollar proveedores nacionales, formar técnicos especializados, impulsar laboratorios y servicios de ingeniería y promover la transformación local de determinados minerales permitiría ampliar los beneficios más allá de la exportación de materias primas.
La conclusión es clara: la riqueza geológica constituye una oportunidad, pero no garantiza por sí sola el desarrollo.
El resultado depende de la calidad de los contratos, la fiscalización estatal, la transparencia de los ingresos y la inversión de esos recursos en educación, infraestructura, tecnología y diversificación productiva.
El verdadero balance de la minería no debe limitarse al oro que sale del país, sino incluir la riqueza económica, social y tecnológica que permanece en él.
