Nadia emigró en 2010 a Los Ángeles, California, y lo primero que le recomendaron fue acudir a la calle Alvarado para comprar documentos falsos. Le advirtieron sin rodeos que no había otro camino para conseguir trabajo. Pagó 150 dólares y le entregaron dos tarjetas falsas que tenían su nombre real: una de Seguro Social y otra de residente permanente (green card). Era una identidad inventada que desde entonces le han aceptado varios empleadores. “Sabe uno de antemano que no es correcto, pero la necesidad, para sobrevivir, nos lleva a buscar otras vías para salir adelante en este país”, dice la mexicana de 56 años.
La historia de Nadia se repite en miles de migrantes que usan “micas chuecas” para asegurarse un ingreso económico. La creación de identidades ficticias persiste pese a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en compañías que emplean a indocumentados y a los operativos constantes contra redes de falsificación de documentos. Varios expertos creen que el problema se ha exacerbado por las duras políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, que han ido cerrando cualquier esperanza de regularización para las millones de personas que viven en las sombras.
El tema toca varias aristas. Por un lado están los empleadores que se benefician de la mano de obra barata y quienes denuncian que ello supone una competencia desleal para los que cumplen con las normas. Por el otro, están los migrantes que recurren a papeles “inventados” y aquellos que, en los casos más graves, usurpan la identidad de un estadounidense y la aprovechan para adquirir bienes, dejando a las víctimas con deudas y problemas crediticios.
Aunque las estadísticas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) no distinguen los casos que involucran a los indocumentados, su reporte más reciente arroja luz a la magnitud del imparable robo de identidad: de 19.000 denuncias y pérdidas de 126 millones de dólares registradas en 2023, se pasó a 31.000 quejas y 185 millones de dólares obtenidos ilícitamente por esa vía el año pasado.
Sin papeles, pero pagando impuestos
El Instituto de Política Migratoria estima que hay más de nueve millones de trabajadores no autorizados, incluyendo quienes están en una “zona gris” al poseer un permiso de trabajo por tener un caso de asilo pendiente o por ser beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado por razones humanitarias a nativos de países en conflictos armados o desastres naturales, pero que ha ido quitando el Gobierno de Trump.
La mexicana Nadia, quien aceptó hablar con EL PAÍS con la condición de no revelar su identidad por temor, afirma que no ha asumido la identidad de otra persona para conseguir empleo. El día que compró los papeles falsos en la calle Alvarado, le dijeron que el número de Seguro Social que le entregaban no era de nadie.
En los últimos 15 años ha trabajado en fábricas y bodegas, pero asegura que jamás han detectado (al menos no se lo han dicho) que entregó documentación apócrifa. “Aunque no tengas papeles, pero si eres responsable, honesto y trabajador, existe la posibilidad de que, si se termina el trabajo, más tarde te vuelvan a llamar. Eso me ha pasado. Nunca me han dicho: corrige tu información y vuelve”.
El número de Seguro Social es un identificador fiscal y administrativo de quienes están autorizados a trabajar en EE UU. Se asigna a los estadounidenses desde su nacimiento y a extranjeros desde el proceso de regularización. Los empleadores están obligados a informar los salarios pagados a su nómina al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) y dicho documento permite registrar correctamente cuánto ganan y cuánto deben pagar al fisco.
Cada año, Nadia ha reportado sus impuestos usando un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN), que emite el IRS a quienes no califican para un número de Seguro Social, es decir, los indocumentados. “Yo lo hago por si alguna vez yo puedo arreglar algo”, comenta.
La contribución fiscal de los migrantes sin papeles ha quedado documentada en diversos reportes. Uno de los más recientes, elaborado por el Instituto de Política Fiscal y Económica, concluye que en 2022 pagaron 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. La mayor parte de esa cantidad, 59.400 millones, se destinó al Gobierno federal. Trump, en cambio, pagó solo 750 dólares en 2017 (el último reporte fiscal suyo que se ha hecho público), según The New York Times.
Alex Gálvez, abogado especializado en casos de migración, dice que quienes declaran impuestos usando el ITIN confían en que podría favorecerlos en un proceso de regularización o si otorgan algún alivio migratorio. “La ley de Estados Unidos es muy contradictoria, es muy hipócrita. El gobierno no quiere que una persona esté aquí como indocumentada, pero si es así, quiere que trabaje y declare sus impuestos. Y los migrantes no quieren ser una carga pública, así que ese ‘pecadito’ de usar documentos inventados es solo con el propósito de trabajar, no para robar una identidad”, explica.
En 17 años ejerciendo la abogacía en California, cuenta Gálvez, las dos preguntas más comunes de los jueces de inmigración a sus clientes han sido: ¿Has estado trabajando? ¿Y declaras tus impuestos? “Si la respuesta es sí a las dos preguntas, entonces el juez dice: esta persona tiene buena conducta moral”.
Las redadas en centros laborales
En los últimos años, agentes del ICE han intensificado los operativos siguiendo indicios sobre la presencia de trabajadores indocumentados en plantas empacadoras de alimentos, fábricas, obras de construcción, supermercados, campos de cultivo, autolavados, restaurantes y otros lugares. Según la agencia, estas acciones suelen partir de auditorías a empleadores, denuncias o cruces de datos en sistemas de verificación laboral.
Una de las redadas más grandes sucedió en septiembre pasado en la planta de baterías de Hyundai en Ellabell, Georgia, la cual resultó en la detención de cerca de 500 trabajadores.
Para endurecer el control migratorio en el ámbito laboral, el Gobierno de Trump ha insistido en que todas las compañías utilicen el programa E-Verify, que permite confirmar si una persona está autorizada para trabajar en el país. A pesar de la presión, no todos la usan, pues la participación es voluntaria. A mediados de 2025, casi 1,4 millones de empleadores o 16% del total usaban el sistema, según el Instituto de Política Migratoria.
“Los empleadores, que no están obligados a verificar la autenticidad de estos documentos, también se hacen de la vista gorda porque el trabajador indocumentado es esencial en la estructura laboral de Estados Unidos”, apunta Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes. Trump sostiene que los indocumentados están quitando empleos a los estadounidenses, aunque en sectores como la agricultura y la construcción su presencia es considerada difícil de sustituir.
“Los trabajadores prefieren estar dentro de la ley, pero el sistema migratorio de EE UU, el presidente Donald Trump y su Gabinete han desatado una campaña muy agresiva, muy violenta, muy punitiva en contra de los inmigrantes”, agrega. “La gente ahora, en perjuicio de la propia economía de la nación, ha dejado de declarar impuestos por temor a meterse en problemas”.
La Administración de Trump también ha endurecido los castigos para quienes contratan a indocumentados. A mediados de marzo, el ICE actualizó su hoja informativa relacionada con la obligación de los empleadores de verificar la identidad de sus trabajadores, a través de una inspección conocida como Formulario I-9. En concreto, se han reclasificado errores que antes eran técnicos y corregibles, como faltas graves que ya no pueden subsanarse durante la auditoría y pueden generar multas inmediatas. Las sanciones por haber contratado a un indocumentado pueden alcanzar hasta los 5.700 dólares en una primera ofensa y escalar a 28.600 dólares en una tercera o más infracciones.
No existen datos actuales que permitan evaluar la efectividad de las redadas en centros laborales. El ICE informó que durante los primeros cuatro meses del segundo mandato de Trump había detenido a más de 1.000 trabajadores no autorizados e impuesto multas de más de un millón de dólares a quienes los contrataron.
“Nos calentaron la plaza”
En Los Ángeles, el parque MacArthur, a unas cuadras al oeste del centro de la ciudad, es un conocido foco de venta de documentos fraudulentos: licencias de manejo, identificaciones, green cards y otros. Redes delictivas que a menudo operan a plena vista, producen réplicas de alta calidad.
En la calle Alvarado, junto al parque, los falsificadores susurran “micas” al paso de quienes recorren la banqueta. La policía ha detenido a muchos de ellos a lo largo de los años, pero no ha podido erradicar su actividad.
Un vendedor de “micas” de la calle Alvarado aceptó hablar con El PAÍS, pero solicitó no revelar su nombre. El hombre se quejó de cómo la presencia de cientos de indigentes les ha afectado el negocio. “Ahora hay más presencia de la policía. Como quien dice: nos calentaron la plaza”, dijo viendo hacia ambos lados de la acera, tratando de detectar la presencia de policías encubiertos. El parque MacArthur está en el corazón del vecindario Westlake, que por décadas ha recibido a las diásporas salvadoreña y mexicana.
La tecnología juega a favor de los falsificadores de la Alvarado: los duplicados son casi exactos. Antes los clientes debían ir a casas de seguridad en la calle Bonnie Brae, les tomaban una foto frente a un fondo blanco y tenían que volver semanas después a recoger la falsificación. “Ahora nos mandas la foto por mensaje de texto y ni siquiera importa el fondo. Ellos lo cambian”, explicó el falsificador. En este negocio ilegal los precios no han aumentado por la inflación: se mantiene la vieja oferta de dos credenciales apócrifas por 150 dólares.
Eso pagó Nadia hace 15 años. Ella guarda muy bien las credenciales ficticias en su casa. Llevarlas consigo sería de alto riesgo, sobre todo ahora que el ICE sigue activo en las calles de Los Ángeles. Los castigos por el delito de falsificación conllevan pasar un par de años en una prisión y la deportación. “Yo no pierdo la fe en que algún día, de algún modo u otro, pueda arreglar mi situación aquí”.
