-El pulso de San Juan: cuando el clamor popular pudo más que el interés minero-
Redaccion de TeclaLIbre. 5 de mayo 2026
El pulso ciudadano que se alzó con fuerza en las calles de San Juan de la Maguana ha tenido un eco directo en la más alta instancia del poder ejecutivo. La decisión del presidente Luis Abinader de paralizar el proyecto minero «Romero» no es un mero acto administrativo, sino una profunda declaración de principios que reconfigura el mapa de prioridades nacionales. Al escuchar el clamor popular que gritaba «Agua sí, oro no», el mandatario ha suscrito un nuevo contrato social donde la voz de las comunidades no solo es escuchada, sino que se erige como un filtro indispensable para cualquier megaproyecto extractivo.
La motivación gubernamental, basada en el artículo 64-00 de Medio Ambiente, representa un acto de realismo político que consagra el concepto de «licencia social». Más allá de los informes técnicos, Abinader entendió que la viabilidad de un proyecto se define por la aceptación de la población que habita el territorio. Esta visión trasciende el cortoplacismo económico, demostrando que la sostenibilidad no es una palabra de moda, sino un requisito de gobernabilidad. No obstante, aunque esta sensibilidad social es plausible, también revela una esquizofrenia en la institucionalidad estatal: se detiene un proyecto en una región, mientras se mantiene una política extractivista que ha contaminado severamente otras cuencas hidrográficas del país.
El debate no es binario entre progreso y conservación. El sector privado, a través del Conep, ha lanzado una advertencia que no puede ser ignorada: la paralización podría enviar un mensaje de incertidumbre a la inversión extranjera, indispensable para la economía nacional. Sin embargo, el argumento de César Dargam sobre la minería responsable choca con la realidad de «Pueblo Viejo» en Cotuí, donde las promesas de modernidad chocaron con el daño ambiental irreversible y el sufrimiento de las comunidades locales. San Juan, siendo la despensa agrícola del país que aporta el 60% de las habichuelas y el 15% del arroz nacional, no está dispuesta a intercambiar un futuro agroindustrial seguro por las rentas inciertas y efímeras de la extracción minera.
La reacción en redes sociales y medios de comunicación refleja una fractura social insalvable. Mientras líderes sociales como Rubén Moreta celebran la «victoria del pueblo» en la defensa de los recursos hídricos, analistas señalan cómo el miedo ha sido un instrumento de manipulación política, extremando posturas y satanizando cualquier intento de estudio técnico. La tensión alcanzó niveles críticos con la violenta represión policial en la Presa de Sabaneta, un hecho que casi convierte una protesta legítima en una tragedia nacional y que ejemplifica la fragilidad del orden público cuando se coartan garantías ciudadanas.
La decisión sobre «Romero» es un parteaguas para la República Dominicana. El país debe transitar hacia un modelo minero moderno y transparente, alejado de la opacidad de concesiones otorgadas desde 2005. La reforma a la Ley Minera 146-71 y la creación de una empresa estatal son pasos en la dirección correcta, pero estos cambios deben institucionalizarse para que la «licencia social» no dependa de la coyuntura de una protesta. El futuro de la nación no puede decidirse en medio de enfrentamientos callejeros, sino a través de un pacto que reconcilie la seguridad jurídica necesaria para la inversión con el sagrado derecho de las comunidades a un ambiente sano y productivo.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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