-Antonio Espaillat: ¿Cooperación o privilegio? El empresario bajo la lupa tras el colapso del Jet Set-
Por Luis Rodríguez Salcedo
Santo Domingo, República Dominicana.- A más de un mes del trágico colapso de la discoteca Jet Set, que dejó múltiples víctimas fatales y decenas de heridos, el nombre del empresario Antonio Espaillat continúa en el centro del debate público, aunque no en el proceso judicial formal. Hasta la fecha, no ha sido citado ni imputado por el Ministerio Público, pese a que se han tomado medidas cautelares relacionadas con sus bienes. Esta aparente pasividad procesal ha levantado serias interrogantes sobre la equidad del sistema de justicia y los posibles vínculos de poder que rodean al caso.
Espaillat, figura prominente del empresariado nacional, manifestó por carta su disposición a colaborar con las autoridades. En una misiva enviada el 14 de abril de 2025 a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, designó como su abogado al jurista Jorge Luis Polanco. Este último, en un movimiento estratégico que no pasó desapercibido, renunció a su posición como coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, designado por el presidente Luis Abinader, para asumir la defensa del empresario.
La decisión de Polanco de abandonar su rol estatal sugiere la magnitud del caso y la posible necesidad de evitar un conflicto de intereses en un expediente que, aunque no ha producido aún acusaciones formales, ya ha generado un fuerte impacto en la opinión pública.
El Ministerio Público ha inmovilizado bienes vinculados a Espaillat, invocando la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Esta acción, en teoría preventiva, se da en medio de sospechas de intentos de transferencia patrimonial que podrían afectar la posibilidad de compensación para las víctimas. No obstante, resulta peculiar que tales medidas se ejecuten en ausencia de una imputación formal, lo que da lugar a interpretaciones encontradas sobre el verdadero alcance de la investigación.
Más de cuatro querellas han sido presentadas por familiares de las víctimas, exigiendo justicia, reparación y responsabilidades claras. Sin embargo, la falta de acciones concretas contra figuras de alto perfil como Espaillat ha generado una percepción de impunidad selectiva que amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
La ausencia de cargos formales, citaciones judiciales o medidas de coerción en contra de Espaillat contrasta con el tratamiento recibido por otros involucrados de menor perfil en casos similares. En este contexto, se ha especulado sobre una posible relación cercana entre Espaillat y el presidente Abinader. Aunque no existen pruebas públicas de tal vínculo, la cercanía política de su abogado con el Ejecutivo añade una capa de suspicacia al proceso.
Mientras tanto, el empresario mantiene un perfil bajo, protegido por una estrategia legal cuidadosa y silenciosa. Su disposición a “colaborar” se traduce, por el momento, en una carta y un abogado, pero no en comparecencias, interrogatorios ni declaraciones públicas sustanciales.
El caso Jet Set no solo expone una tragedia humana, sino también las grietas estructurales del sistema judicial dominicano. La percepción de que el poder económico puede blindar a ciertos actores frente a la acción penal amenaza con convertir esta tragedia en un símbolo de desigualdad jurídica.
A medida que avanza el tiempo sin imputaciones ni audiencias, la ciudadanía observa con creciente desconfianza. El Ministerio Público, que ha prometido transparencia y rigor, enfrenta una prueba crítica: demostrar que la ley se aplica por igual, sin importar el tamaño de la cuenta bancaria ni la cercanía al poder político.
Mientras tanto, las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. Y el país, una explicación convincente.
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