-Presidente Javier Milei dispone eliminar la gratuidad en los servicios de salud a migrantes ilegales-
Por Luis Rodríguez Salcedo
Buenos Aires.- El gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles una serie de modificaciones al régimen migratorio argentino, que marcan un giro hacia políticas más restrictivas. Las nuevas disposiciones, contenidas en un decreto de necesidad y urgencia, amplían las facultades para deportar extranjeros condenados por delitos, eliminan la gratuidad del sistema de salud público para inmigrantes en situación irregular y elevan las exigencias para la obtención de la ciudadanía.
Aunque el decreto entrará en vigor una vez publicado oficialmente, la Constitución establece un mecanismo de control parlamentario que permite su eventual anulación si ambas cámaras del Congreso lo rechazan.
Milei, quien asumió la presidencia a fines de 2023, ya había adelantado durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en marzo su intención de «poner orden» en materia migratoria. Su enfoque, alineado con gobiernos como los de Estados Unidos y El Salvador, apunta a restringir los beneficios estatales para quienes ingresan al país sin cumplir con las normas legales.
La medida se da en un contexto político significativo: a pocos días de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo busca disputarle terreno al conservador PRO, partido que ha dominado la capital por casi dos décadas.
“Argentina tiene todo el derecho a exigir que quienes ingresan lo hagan en el marco de la ley y con ánimo de integrarse productivamente a la sociedad”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. En ese sentido, subrayó que se facilitará la expulsión de extranjeros con antecedentes penales, y que tanto inmigrantes ilegales como residentes temporales deberán pagar por los servicios médicos que utilicen.
Según un comunicado oficial, en las últimas dos décadas habrían ingresado irregularmente al país unos 1.700.000 extranjeros. No obstante, el texto no aclara cuántos de ellos permanecen en situación irregular ni cuáles han regularizado su estatus.
El censo nacional de 2022 reportó cerca de dos millones de residentes nacidos en el extranjero, representando el 4,2% de la población. Las comunidades más numerosas son las provenientes de Paraguay, Bolivia y Venezuela.
El gobierno sostiene que las reformas buscan restablecer el control migratorio que, según denuncian, fue debilitado por “la complicidad de políticos populistas” y una política de fronteras abiertas promovida por gestiones anteriores, especialmente durante los gobiernos kirchneristas.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización humanitaria, advirtieron que no existen datos precisos sobre la cantidad de inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, reconocieron que los programas de regularización implementados en años recientes permitieron normalizar la situación de alrededor de un millón de personas.
El giro del gobierno argentino, aunque polémico, revive el eterno debate entre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de los Estados de ejercer su soberanía migratoria frente a contextos sociales y económicos cada vez más complejos.
rodriguezsluism9@gmail.com
