-«Dominicanos pagan impuestos, chinos hacen magia: el truco del comercio ‘desigual'»-
Por Luis Rodríguez Salcedo
En el vibrante escenario comercial de la República Dominicana, los comerciantes locales han alzado su voz con una mezcla de frustración y sarcasmo, denunciando lo que consideran una competencia desleal por parte de negocios de origen chino. Acusan a estos establecimientos de evadir impuestos, incumplir leyes laborales y operar bajo condiciones que les otorgan ventajas injustas.
Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), ha señalado que muchos de estos negocios no cumplen con los pagos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y violan otras normativas laborales. Filpo enfatiza que estos establecimientos, aunque de gran tamaño, están clasificados como pequeñas y medianas empresas, lo que les permite pagar salarios inferiores a su capacidad real.
Por su parte, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), ha expresado que la situación es insostenible. Denuncia que los empresarios chinos contratan empleados por solo tres meses para evitar que adquieran derechos laborales y emplean ciudadanos sin documentación para evadir cotizaciones a la TSS.
La Embajada de China en la República Dominicana ha respondido a estas acusaciones afirmando que los cierres de negocios por evasión de impuestos son casos aislados y que la mayoría de los comerciantes chinos respetan la ley y contribuyen al bienestar del país.
Sin embargo, los comerciantes dominicanos insisten en que estas prácticas afectan negativamente a la economía local y exigen que todos los actores del mercado compitan en igualdad de condiciones. La situación ha llevado a la creación de mesas de trabajo coordinadas por el Ministerio de Hacienda, pero los comerciantes consideran que estas solo han servido para colocar sus denuncias sin que haya una reacción efectiva.
En este contexto, la tensión entre comerciantes dominicanos y negocios de origen chino continúa en aumento, con llamados a las autoridades para que implementen medidas que garanticen una competencia justa y el cumplimiento de las leyes por parte de todos los actores económicos.
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