-Ejecución o intercambio: el caso La Barranquita sigue sacudiendo a Santiago-
La justicia dictó tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes y medidas blandas a otros siete implicados en la muerte de cinco jóvenes. El Ministerio Público habla de “ejecución extrajudicial”; la Policía insiste en que fue un “operativo legítimo”. Santiago, una vez más, asiste al viejo duelo entre uniforme y justicia.
Relato TeclaLibre
La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago decidió este martes enviar a prisión por tres meses a cuatro agentes de la Policía Nacional, mientras los otros siete implicados en el operativo mortal de La Barranquita regresarán a casa con brazalete de confianza y la promesa de no salir del país.
Los “privilegiados” con prisión preventiva son el sargento Hairo Mateo Morillo, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el cabo Yohandy Encarnación.
El resto —mayores, capitanes, tenientes y rasos— salió con garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida. En palabras llanas: libertad con condiciones… y con abogados.
El tribunal también impuso orden de alejamiento de las familias de las víctimas, aunque la distancia moral parece ser lo menos difícil de cumplir.
Los muertos no disparan
El expediente acusa a los once uniformados de haber participado en la muerte a tiros de cinco hombres el pasado 10 de septiembre, en el parqueo de una plaza comercial del sector La Barranquita.
Las víctimas —Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez, y José Vladimir Valerio Estévez— fueron presentadas como “delincuentes abatidos en enfrentamiento”.
Pero las balas, los ángulos y las cámaras dicen otra cosa. Y el Ministerio Público, con Wilson Camacho a la cabeza, lo traduce en una palabra pesada: “ejecución extrajudicial”.
“Estos hechos no deben normalizarse. La sociedad necesita saber qué ocurrió realmente”, dijo Camacho, con la serenidad del fiscal que sabe que está tocando la fibra más podrida del sistema.
El reclamo de las familias
Para el abogado de las víctimas, Esteban Pérez, la decisión judicial fue “insuficiente”.
“Respetamos la decisión, aunque no la compartimos. Se debió imponer prisión preventiva a todos los implicados, dada la gravedad de los hechos y las inconsistencias de la versión policial”, sentenció.
Los familiares de los muertos —que no tienen compañía aseguradora— entienden que justicia a medias es injusticia completa.
Los defensores del orden
En el otro extremo, el abogado Carlos Balcácer, defensor de los imputados, repite el libreto clásico:
“Mis clientes actuaron en el marco de un operativo legítimo”.
La pregunta que flota, sin embargo, es la misma que desde hace años persigue a la Policía Dominicana: ¿cuántos “operativos legítimos” terminan con los sospechosos muertos y las armas sin huellas?
Epílogo TeclaLibre:
Santiago no duerme. Y no es por las fiestas patronales. Es porque, una vez más, la línea entre el crimen y la ley se volvió invisible… o tal vez, como en La Barranquita, fue borrada a tiros.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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