En el imaginario colectivo, la violencia en México se asocia con el narcomenudeo, los cobros de piso, los feminicidios o las balaceras en plena avenida. Esa lectura sigue siendo cierta en enormes extensiones del país. Sin embargo, en el roce diario de las colonias populares de la capital ha empezado a gestarse otra mutación del mal: la criminalización del ciudadano que exige lo mínimo.
Alejandro no denunció un laboratorio de fentanilo ni el escondite de un cártel. Denunció un tiradero de basura. Por eso su caso es un parteaguas. Nos enfrentamos a una sociedad donde el simple acto de exigir el cumplimiento de la ley —incluso de una ley ambiental, incluso de una norma de convivencia básica— puede costar la vida.
El crimen ya no solamente reacciona para proteger un negocio ilícito. Ahora reacciona para proteger la impunidad de cualquier acto. El sistema deja de mediar, y entonces el violento toma la posta: si la policía no sanciona que yo tire basura, mataré a quien me lo reclame.
Cuajimalpa es una alcaldía que presume cifras. El gobierno local, encabezado por Carlos Orvañanos, ha difundido en repetidas ocasiones que los delitos de alto impacto se redujeron hasta un 42 por ciento, y que es, orgullosamente, la demarcación “más segura” de la Ciudad de México.
Sin embargo, la grieta entre el dato y la calle es un abismo. Vecinos de la Colonia La Pila describen un territorio hostil, con alumbrado deficiente, caminos sin pavimentar y una sensación de abandono que el botón de auxilio del C5 no logra mitigar. “Aquí la policía llega cuando ya pasó todo, o nunca llega”, afirma un habitante que pide el anonimato. “Los que tienden emboscadas o tiran muertos en las barrancas son conocidos, todos saben quiénes son, pero nadie dice nada por miedo”.
Esa atmósfera de temor explica por qué una denuncia tan rutinaria como un tiradero clandestino derive en una paliza casi mortal. No es solo la defensa de “un lugar para tirar cascajo”. Es la defensa de un territorio donde la ley no entra, regido por sus propias reglas.
La frugalidad ecológica como delito capital
El adjetivo “frugal” que empleamos no es casual. Alejandro fue frugal en el mejor sentido de la palabra: moderado, apegado a lo esencial, coherente con el cuidado de su entorno. No desplegó pancartas, no organizó una manifestación. Simplemente dijo “eso no se hace”. Y casi lo matan.
En un país donde los defensores ambientales son asesinados con frecuencia —México es uno de los países más peligrosos del mundo para activistas ecológicos—, Alejandro encarna una figura aún más frágil: el ciudadano común que no pidió ser héroe. No pertenece a ninguna ONG ni colectivo. Es un vecino. Y su “crimen” fue no ser indiferente.
La tesis de este reportaje, que suena provocadora, se vuelve irrefutable tras revisar los hechos: en la geografía del abandono estatal, ser frugal con el medio ambiente puede ser más peligroso que ser cómplice del crimen. Porque el cómplice cede; el frugal exige. Y la exigencia, en zonas sin Estado, se paga con sangre.
El caso dejó al menos dos lecciones amargas.
La primera: la policía no acudió el 20 de abril, pese al llamado de Alejandro. Si lo hubiera hecho, quizá la confrontación no habría escalado. El vacío de autoridad fue la verdadera invitación a la violencia.
La segunda: el 24 de abril, cuando Alejandro activó el botón de auxilio del C5 desde su camioneta mientras lo apedreaban, la ayuda llegó tarde. Los agresores ya se habían ido, y el sistema de videovigilancia sirvió, otra vez, como mero archivo del horror, no como herramienta de prevención.
“¿De qué sirve tener cámaras si los delincuentes saben que no van a ser detenidos?”, se pregunta indignado un familiar de la víctima.
Alejandro sobrevivió. Pero en la Colonia La Pila, y en decenas de barrancas, ríos y lotes baldíos de la Ciudad de México, ya corrió la voz: “Si ves que alguien tira basura, no digas nada”. Esa es la política ambiental que, sin decretos ni leyes, está instalando la impunidad.
El gobierno presume cifras de seguridad. Pero la seguridad no es solo estadística: es la certeza de que puedes abrir la boca para defender tu barrio sin que te entierren en la barranca que quisiste salvar.
TeclaLibre seguirá este caso. Mientras tanto, la pregunta flota sobre Cuajimalpa: ¿cuántos Alejandros más callarán antes de que el Estado entienda que la basura no es el problema, sino el síntoma de un poder que se ejerce sin ley?
-La redacción de TeclaLibre-
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