El dilema del espectro radioeléctrico en RD
La licitación de Indotel busca abaratar el servicio de internet y romper un oligopolio del 95 % mediante la entrada de la estatal vietnamita Viettel. Sin embargo, con un 64 % del tráfico nacional corriendo sobre redes chinas, el gobierno dominicano queda atrapado en un peligroso conflicto de intereses entre las demandas de ciberseguridad de Washington y la promesa de tarifas bajas.
La licitación de bandas para redes móviles que encabeza el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) promete abatir costos y sacudir a un oligopolio ahogado en quejas, pero deja al descubierto un peligroso dilema de soberanía tecnológica e intereses cruzados en el Palacio Nacional.
Por un lado, la meta oficial del presidente Abinader y del presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, es noble en el papel: democratizar el sector de las telecomunicaciones, romper la asfixiante concentración del 95 % del mercado en manos de dos gigantes y abaratar el servicio de internet. Pero para lograrlo, abrieron la puerta a Viettel Global, una telefónica estatal de Vietnam cuyo despliegue se apoya fuertemente en equipamiento y cadenas de suministro chinas.
.La reciente revelación de que casi dos tercios (64%) del tráfico de datos en la República Dominicana corren sobre infraestructura de origen chino evidencia la primera gran contradicción del regulador.
Las operadoras privadas locales optaron masivamente por equipamiento asiático debido a sus reducidos costos de despliegue, sacrificando la procedencia técnica en favor del margen de beneficio.
Al adjudicar espectro a una firma estatal vietnamita, el Estado valida un modelo basado en tecnología oriental barata, mientras asegura públicamente cumplir con las exigencias de ciberseguridad impulsadas por Washington.
Se le exigen al nuevo competidor estándares éticos de procedencia que las telefónicas ya instaladas ignoraron durante años para inflar sus ganancias.
La paradoja del regulador se sintetiza en un choque constante entre las aspiraciones de la política doméstica y las frías exigencias de la hegemonía global.
En el plano del mercado, la gran promesa de la administración Abinader es romper la concentración del sector y llevar tarifas accesibles a los bolsillos dominicanos. Sin embargo, la realidad geopolítica le impone una factura oculta: democratizar el acceso mediante operadores como Viettel amplía la dependencia nacional hacia cadenas de suministro controladas casi en su totalidad por bloques asiáticos.
En el frente de las relaciones con Estados Unidos, el Palacio Nacional intenta sostener un delicado equilibrio diplomático: jurar lealtad a la alianza estratégica con Washington y ratificar compromisos como la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia. Pero en la mesa de negociación norteamericana no hay medias tintas, pues la Casa Blanca califica de forma no negociable cualquier infraestructura tecnológica de origen asiático como un vector directo de riesgo ciberespacial para la región.
Finalmente, en materia de soberanía, la versión oficial insiste en que los datos confidenciales de los ciudadanos están plenamente blindados bajo normativas locales. La dura realidad técnica indica lo contrario: cuando la infraestructura física de fibra óptica, antenas y torres queda supeditada a componentes cuyo desarrollo y patente pertenecen a potencias rivales, la privacidad nacional se convierte en un simple peón dentro del tablero de dominación tecnológica mundial.
La gestión de Guido Gómez Mazara navega en la cuerda floja. Si frena la penetración asiática para complacer las alertas de ciberseguridad de Estados Unidos, paraliza la promesa del gobierno de abaratar la telefonía. Si da luz verde sin restricciones, deja vulnerable la red nacional dentro del juego de dominación geopolítica entre potencias.
En el tablero de las telecomunicaciones dominicanas, la tarifa barata que se celebra hoy en la factura mensual corre el riesgo de pagarse mañana con la vulnerabilidad estratégica del Estado.
