El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, así como contra otros exfuncionarios y familiares cercanos, por su presunta participación en actos significativos de corrupción durante su gestión pública.
Esta medida, comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, implica la prohibición de ingreso a territorio estadounidense para los sancionados y marca un hito en las relaciones bilaterales entre ambos países, siendo la primera vez que un exmandatario argentino recibe una sanción de este tipo por parte de Washington.
Entre los sancionados se encuentran también los hijos de Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, junto con sus familiares directos. Según el Departamento de Estado, estas figuras habrían abusado de sus posiciones de poder para orquestar y beneficiarse de tramas de sobornos relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el desvío de millones de dólares del erario público argentino. Rubio destacó que estas sanciones reflejan el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción a nivel global y promover la rendición de cuentas de quienes utilizan el poder público para enriquecimiento personal.
El caso de Cristina Fernández de Kirchner se centra particularmente en las acusaciones de administración fraudulenta durante sus mandatos como presidenta (2007-2015), vinculadas a la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, un bastión político de su familia. Estas denuncias ya habían llevado a una condena en Argentina en noviembre de 2024, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por defraudación al Estado, aunque la sentencia aún debe ser revisada por la Corte Suprema. Por su parte, Julio de Vido, un aliado clave de los gobiernos kirchneristas, ha sido señalado por malversación de fondos en proyectos como el de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y ya cumple condenas previas por otros casos de corrupción.
La decisión de Estados Unidos llega en un contexto político particular en Argentina, donde el presidente ultraliberal Javier Milei, aliado de Trump, lidera un gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción un eje central de su discurso. Las sanciones podrían tener implicaciones tanto simbólicas como prácticas, afectando la imagen de Fernández de Kirchner, quien sigue siendo una figura influyente como líder del Partido Justicialista y principal referente de la oposición. Además, la medida podría complicar los movimientos financieros y personales de los sancionados, limitando su acceso a activos o viajes internacionales.
Este anuncio se suma a antecedentes de sanciones estadounidenses contra otros líderes latinoamericanos, como los expresidentes Horacio Cartes de Paraguay, Ricardo Martinelli de Panamá y Rafael Correa de Ecuador, aunque en este caso resalta por el peso político de Fernández de Kirchner en la región. La reacción en Argentina ha sido inmediata, con sectores opositores celebrando la medida como una validación de las acusaciones de corrupción, mientras que los seguidores de la expresidenta podrían interpretarla como un nuevo capítulo en lo que denuncian como una persecución política internacional. Por ahora, el impacto total de estas sanciones dependerá de cómo evolucione el escenario judicial y político tanto en Argentina como en el ámbito internacional.
LRS
