-Haití expresa “preocupación” por el trato a sus ciudadanos en RD mientras su territorio colapsa-
El Gobierno haitiano, en un ejercicio de lo que algunos podrían considerar admirable capacidad de enfoque selectivo, ha manifestado este jueves su «profunda preocupación» por presuntos actos de xenofobia contra haitianos en República Dominicana. Al parecer, entre sus prioridades diplomáticas figura ahora el bienestar de sus nacionales en el extranjero, mientras en su propio territorio bandas armadas imponen la ley del más fuerte, y el Estado apenas sobrevive.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití instruyó a su embajador en Santo Domingo, Fritz Longchamps, para que active personal diplomático y consular en puntos “sensibles” del país, como Dajabón y Bávaro. El objetivo: monitorear la situación de sus ciudadanos y, de paso, organizar caravanas de repatriación “voluntaria y digna”. Sí, porque ahora Haití, sin ejército, con un gobierno interino en construcción y con la capital bajo fuego cruzado, se ha erigido en defensor global de la dignidad.
La cancillería haitiana también exhortó a exigir investigaciones sobre supuestas violaciones de derechos humanos. La ironía no pasa desapercibida: un país donde ni el presidente puede caminar seguro por la calle ahora demanda que se respeten los derechos fundamentales… fuera de sus fronteras.
Mientras tanto, el Gobierno dominicano —que no ha sido invitado a opinar sobre las ejecuciones extrajudiciales, secuestros y abusos a los propios haitianos por parte de sus compatriotas en Haití— sigue adelante con medidas que, aunque tímidas, buscan proteger la seguridad nacional. Entre estas, la construcción de una «verja» fronteriza, (si le llama muro suena feo) el despliegue de tropas, y la aplicación de políticas migratorias, como la deportación de indocumentados incluso luego de recibir atención médica gratuita en hospitales dominicanos.
Estas acciones, que han recibido críticas de la ONU y de Amnistía Internacional —organismos que raramente ofrecen soluciones concretas ni asumen costos—, son defendidas por las autoridades dominicanas como necesarias ante la gravedad de la crisis haitiana, cuya expansión representa un desafío directo a la soberanía nacional.
Resulta paradójico que un Estado colapsado, incapaz de garantizar seguridad, salud o educación a sus propios ciudadanos, pretenda ahora dictar lecciones de derechos humanos a un país que carga con el peso humanitario que Haití no puede -ni quiere- asumir. La respuesta del Gobierno dominicano ha sido la de un Estado que, aunque criticado, intenta ordenar su casa antes de que el caos del vecino le derribe la puerta. Irónicamente, parece que en Haití todavía hay energía institucional suficiente para redactar comunicados diplomáticos… aunque no para gobernar.
rodriguezsluism9@gmail.com
