CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El día en que fue detenido, Luis se encontraba en unas oficinas gubernamentales de San Salvador, la capital salvadoreña, en espera de obtener su certificado de antecedentes penales. El joven de 23 años lo necesitaba para solicitar trabajo en una central de llamadas, algo que le hubiera dado más oportunidades que el empleo de panadero que ya tenía.
“Lo que yo quería en ese momento era algo mejor para mi vida”, explica vía telefónica a The Associated Press Luis, quien prefiere que sólo se utilice su nombre de pila por miedo a ser recapturado.
Cuando llegó su turno, la encargada de los trámites ojeó sus papeles y le dijo que un agente de la Policía Nacional Civil lo revisaría porque tenía un delito. Luis se quedó pasmado. Pero negar la acusación una y otra vez fue inútil, recuerda, porque “para ese entonces no había derechos para las personas”.
Fue detenido a finales de abril de 2022. Un mes antes, el gobierno del presidente Nayib Bukele había decretado un régimen de excepción para aniquilar a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18, Sureños y Revolucionarios que suspende derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de ser informado de los motivos de una detención.
Luis fue acusado del delito de pertenecer a agrupación ilícita y en menos de 24 horas estaba encerrado en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, el más grande de San Salvador.
Durante los once meses en que perdió su libertad, Luis tuvo en repetidas ocasiones miedo a morir. También desarrolló diabetes y encontró en la fe un pilar para mantenerse firme y no caer en pensamientos suicidas.
Con es régimen de excepción, vigente aún después de más de un año y medio, han sido encarceladas más de 72.000 personas, según cifras oficiales.
De éstas, más de 7.000 han sido liberadas después porque nunca pudieron presentar pruebas contra ellos para ser procesados penalmente, de acuerdo con lo que informó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en agosto.
Luis es una de esas personas.
“Nada más llegamos al parqueo del centro penal de Mariona y estaban los custodios”, recuerda.
Descalzo y en ropa interior empezó a caminar en medio de una doble fila de agentes penitenciarios que empuñaban porras. La primera descarga de golpes no tardó en llegar. Y los porrazos se repitieron después de salir del cuarto en donde a los nuevos presos les afeitan la cabeza.
“Sube perro”, recuerda que les gritaban los custodios para mandarlos hacia las celdas. “Sube perro, que ustedes son unos bastardos, ustedes tienen que morir. ¡Fuego les vamos a echar!”.
En la celda, Luis se desplomó y ahí quedó tirado hasta que otro chico se le acercó y le preguntó si estaba vivo. “Yo no me había fijado que en el suelo había un charco de sangre que era mi propia sangre, que yo había derramado por todas las heridas que yo llevaba en la espalda y en la cabeza”, dice.
También dice que ya no quisiera acordarse de todos los abusos que vivió en el encierro, pero que agradece poder hablar de eso ahora. No todas las personas detenidas en el régimen de excepción lograron sobrevivir a la cárcel.
De acuerdo con el informe “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”, realizado por la organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal, 153 personas —149 hombres y cuatro mujeres— han fallecido bajo custodia estatal durante los primeros doce meses de vigencia de esa medida.
Ninguna de ellas había sido declarada culpable del delito imputado. Todas vivían en condiciones de pobreza o en zonas controladas por las pandillas.
“Hay registros del Instituto de Medicina Legal en los que se establece que la causa de la muerte fue estrangulación, ahorcamiento, golpes en el estómago, en la cabeza… Es decir que son muertes violentas”, afirma en llamada con AP Zaira Navas, jefa jurídica y de Estado de derecho y seguridad de Cristosal.
La Fiscalía General de la República de El Salvador declaró públicamente a mediados de junio que había archivado 142 casos de muertes en los penales por no constituir delito por parte de los agentes penitenciarios.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no respondió de manera inmediata un pedido de comentarios de The Associated Press acerca del tratamiento que esta dependencia le está dando a los casos de muertes en penales.
“Cuando el Estado toma la decisión de hacer capturas masivas sin investigación previa, sin llevar a un juez independiente e imparcial y dictando medidas de detención de manera generalizada, asume la tutela de todas las personas que ha detenido”, recalca la también exinspectora general de la Policía Nacional Civil.
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