En su entallado vestido destacaban dos corazones rojos, uno en el pecho y otro en el cuello, similares a los de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En la entrada de su oficina en Seattle, Washington, había un enorme cuadro de la Virgen de Guadalupe, junto al cual sus clientes encendían veladoras para orar por sus casos. Estos símbolos religiosos no fueron elegidos al azar. Alexandra Lozano se hacía llamar “La abogada de los milagros”, una efectiva estrategia de marketing con la que logró atraer a su oficina legal a cientos de inmigrantes indocumentados angustiados por vivir en las sombras. “Arreglo casos supuestamente imposibles de ganar”, prometía Lozano en un video de Facebook. Una frase que ahora suena vacía.
Lozano ha dejado de jactarse de cumplir “milagros”: renunció el martes pasado a su licencia profesional, una maniobra para evitar medidas disciplinarias por parte de la Barra de Abogados de Washington. Sobre ella pesan múltiples acusaciones: supuestamente engañó a clientes al tramitar residencias permanentes (green cards) con información falsa, les cobraba tarifas exorbitantes, inició procesos migratorios que sabía estaban condenados al fracaso, su personal memorizaba guiones para hacer promesas engañosas y diseñó estrategias legales apoyándose únicamente en un programa de cómputo, sin que ella ni otros abogados de su bufete revisaran los expedientes.
Además, la Fiscalía General de Washington abrió una investigación en su contra, mientras que nueve de sus antiguos clientes presentaron una demanda en la que califican sus servicios de “ilusorios, negligentes e incluso fraudulentos”. Algunos sostienen que, debido a esa presunta mala representación legal, ahora enfrentan procesos de deportación.
Las acusaciones señalan que muchos de los casos promovidos por Lozano se apoyaban en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1994 para permitir que víctimas de violencia doméstica casadas con ciudadanos estadounidenses o residentes legales obtengan beneficios migratorios sin depender de sus agresores. Sin embargo, Lozano habría presentado información falsa o exagerada para respaldar esas solicitudes. “VAWA es una manera de arreglar papeles a través de su familia”, decía ella en un video publicado en Facebook en noviembre de 2023.
La caída de Lozano coincide con el endurecimiento del discurso de la Administración Trump contra abogados de inmigración acusados de presentar solicitudes fraudulentas de asilo. Este miércoles, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) informó que instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a desarrollar nuevas políticas antifraude y ampliar su capacidad legal para imponer sanciones contra esos litigantes.
“Es práctica habitual entre los abogados de inmigración… alegar que prácticamente todo extranjero indocumentado será perseguido o torturado en su país de origen”, afirmó James Percival, asesor jurídico general del DHS, en un comunicado. “Durante muchos años, millones de inmigrantes indocumentados han cometido fraude en nuestro sistema de inmigración. En ningún lugar es esto más frecuente que en los tribunales de inmigración”.
Vendiendo esperanzas
La popularidad de Lozano creció vertiginosamente gracias a las redes sociales. Su página de Facebook —que ahora se hace llamar Luz Legal— acumula más de 370.000 seguidores. Migrantes de distintos rincones del país acudían a ella para poner en sus manos sus casos migratorios. Las entrevistas en medios de comunicación se volvieron frecuentes y, en el punto más alto de su carrera, sus comerciales llegaron a transmitirse en televisión durante el medio tiempo de partidos de la Copa Oro.
En sus videos en plataformas digitales, ella ofrecía esperanzas casi religiosas: “Estoy aquí, con la ayuda de Dios, arreglando a mis clientes… Todo es posible… Al lado de mi ‘equipo de los milagros’ queremos buscar el sí en tu caso”. En otra grabación aparece un anciano que se encomienda a un cuadro de la Virgen de Guadalupe que daba la bienvenida en la oficina de Lozano mientras implora por el éxito de su proceso migratorio.
También se le veía abrazando a quienes supuestamente ya habían logrado regularizar su situación migratoria. Su página de internet afirma que ella ayudó a “miles” de personas a obtener la green card, pero se desconoce el número real de casos exitosos y de fracasos.
“No puedo decir con palabras la alegría que siento cuando mis clientes me dicen: Abogada, después de 20 años, yo puedo ir a ver a mi mamá otra vez”, afirmó en uno de los videos que todavía circulan en Facebook. “Yo lloro, como si fuera la primera vez, porque es tan bonito poder unir a las familias”.
Pero, según la Barra de Abogados, detrás de esa imagen empática había un objetivo más lucrativo: enriquecerse a costa de personas vulnerables. Sus honorarios oscilaban entre 10.000 y 15.000 dólares.
La queja sostiene que las evaluaciones de casos y las consultas iniciales eran realizadas por personal sin licencia de abogado, quienes seguían “argumentos de venta guionizados” para captar clientes mediante falsas promesas de “protección al 100%” frente a las autoridades migratorias.
Otra de las irregularidades señaladas es que la firma de los clientes era estampada en formularios migratorios sin que estos revisaran previamente los documentos. En al menos un caso, según las acusaciones, la Oficina de Inmigración rechazó una solicitud al detectar información falsa en el expediente.
La Barra de Abogados de Washington señaló, en una declaración enviada a EL PAÍS, que esta mujer ya no está autorizada para ejercer la abogacía en Washington ni en tribunales federales, incluida la representación de clientes en casos de inmigración. La renuncia de Lozano es permanente y se le prohíbe, además, mantener cualquier vínculo con el bufete legal que ella misma fundó.
